Xalapa, Ver.- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es evidencia y no excepción en el contexto de tiranía y represión en el país y el estado de Veracruz, pues en la entidad no hay garantía para el ejercicio de los derechos ciudadanos y la libertad de expresión, expuso en rueda de prensa Mayra Ledesma Arronte.
Veracruz:
La académica de la Universidad Veracruzana, en compañía de representantes de asociaciones civiles en defensa de derechos humanos, al dar lectura a un pronunciamiento firmado por esas organizaciones, refirió que represiones, agresiones y asesinatos de activistas, estudiantes, así como de periodistas, hacen de Veracruz el estado más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, y sobre todo, del periodismo honesto.
Recordó el reciente asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, junto con otras tres mujeres en la ciudad de México, así como la agresión sufrida por el foto-reportero Karlo Reyes el pasado 15 de septiembre, y el ataque a 8 estudiantes en un domicilio particular en Xalapa, el 5 de junio de este año.
Asimismo, la violencia de género, la desaparición de personas, los secuestros, los fraudes y corrupción, se padecen en un escenario de impunidad en el estado de Veracruz y en la mayor parte del país.
Los rasgos de violencia:
Es precisamente este contexto de inseguridad en el que ocurrieron los hechos de Iguala, es decir, el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, destacó Mayra Ledesma Arronte al dar lectura al pronunciamiento referido.
“Esto significa que los crímenes cometidos contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, forman parte de un sistema de recurrencias, observable con menor o mayor énfasis en todo el país”.
Ese sistema en el país tiene rasgos característicos, explicó, como el que las víctimas son culpabilizadas, “como a los normalistas que se pretendió imputar vínculos con cárteles de la droga”, ya que al echarse abajo la versión de que fueron incinerados a la intemperie en un basurero de Cocula, se pretendió señalar que el autobús donde viajaban llevaba droga.
Otro rasgo es, ahondó, que las fuerzas de seguridad, sobre todo el Ejército y la Marina son exculpados sistemáticamente de los delitos. Además, las investigaciones de las autoridades carecen de profesionalismo y ética; y se pretende deslindar a los altos mandos de los delitos cometidos por sus subordinados.
Por si fuera poco, los culpables de los delitos contra los derechos humanos, son “fabricados a fuerza de tortura”, y se les liga con el crimen organizado; y en torno a estos hechos, periodistas “a sueldo” realizan todo un operativo de comunicación par manipular a la opinión pública.
Los estudiantes, académicos e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, lanzaron un llamado para que no exista más impunidad y haya justicia para los crímenes cometidos, así como cese de violencia.
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