Propone Duarte que sean patrones los que paguen por adeudos del IPE a jubilados

Xalapa, Ver.- Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz propone ante una nueva iniciativa de Ley enviada ayer al congreso estatal que sean los patrones los que se hagan cargo del pago de pensiones a trabajadores luego del brutal saqueo de recursos públicos en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En un iniciativa de ley Javier Duarte de Ochoa propone “que en caso de que el Instituto de Pensiones del Estado no tenga la capacidad económica para cumplir con sus obligaciones a su cargo, el déficit será cubierto con los patrones, previo acuerdo que firmen los patrones con el IPE».

«Esta ley propone eliminar la condicionante que obliga la existencia de un acuerdo entre patrón y el instituto, para que el patrón sustituya las obligaciones del IPE, cuando los recursos de éste último resulten insuficientes”, en aras de proteger las garantías del pensionado, dice el texto del Ejecutivo. Es decir, obligaría de convertirse en ley, a patrones a hacer frente al pago de pensiones a los que fueron a sus trabajadores, cuando el IPE estuviera en quiebra o sin disponibilidad financiera. En Veracruz los patrones de pensionados son la Universidad Veracruzana, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo que pensiona a trabajadores del estado, incluidos maestros.

Es así que propone una reforma al artículo 98 de la ley de Pensiones del Estado. Refirió que en su exposición de motivos que según el Censo de Población y Vivienda 2010 señala que el 25.6 por ciento de la población de Veracruz entre los 15 y los 29 años, son jóvenes, lo que significa, según la óptima de Duarte de Ochoa que la mayoría de los veracruzanos tiene actualmente entre 18 y 65 años y requerirán de pensiones en unas décadas más.

El artículo 98 quedaría así si lo aprueba el Congreso del Estado: De darse el caso de que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones. El gobierno será responsable subsidiario del cumplimiento de esta obligación.

APARTE QUIERE REGALARLE AL IPE BIENES DEL ESTADO

Esta iniciativa entró en medio de la polémica que causó el anuncio hecho por el investigador de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata, de que el Gobierno del Estado ha propuesto de forma privada al Consejo que administra el IPE, y éste ha aceptado que le paguen las cuotas retenidas por el estado para la reserva técnica con bienes muebles, entre éstos el estadio Luis Pirata Fuente, el estadio Beto Ávila, el Acuario de Veracruz y el Velódromo de Xalapa.

El economista señala que al menos la mitad de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado, que en teoría se encontraba depositada en bancos, ha desaparecido y a la otra mitad le pasará lo mismo en muy pocos días.

“Efectivamente, alrededor de 700 millones de pesos (mdp) han sido utilizados indebidamente por el gobierno del estado para un uso distinto al que está destinado ese dinero y otro tanto hará con los restantes 1,300 mdp, una vez que los tenga en su poder (al parecer aún se encuentran depositados en el banco pero es un hecho que los tomará también, para usarlos con propósito distinto al que deben de servir”.

Citó Barcelata que así lo anunció el gobierno del estado esta semana a los miembros del Consejo Directivo del IPE, a quienes ha propuesto una solución para la reparación del daño, la cual, evidentemente no será suficiente para llenar este profundo boquete financiero que amenaza de muerte al IPE.

Lo que propone el gobierno del estado es que, a cambio del dinero que constituía la Reserva técnica, el IPE reciba bienes inmuebles de dudosa rentabilidad y a precios que dañarán aún más su precaria situación financiera. Se trata, entre otros, del estadio de futbol Luis “Pirata” Fuente, el parque de béisbol “Beto Ávila”, el “Acuario de la ciudad de Veracruz” y el Velódromo Internacional de Xalapa.

“Evidentemente el trueque se plantea de manera abusiva e injusta para el IPE ya que recibir bienes inmuebles a cambio de dinero implica en primer lugar reducir la liquidez de la Reserva Técnica, porque evidentemente no es lo mismo tener dinero en efectivo (aunque esté en el banco) que tener una propiedad inmobiliaria y tener que vendarla para obtener dinero en efectivo. Es decir, un peso en efectivo vale más que un peso expresado en un pedazo de tierra o de construcción”.

Además existe un riesgo muy grande de que al fijarse el precio de los bienes se sobrevaluen a favor del gobierno del estado y entonces el IPE en realidad esté recibiendo menos riqueza que la que está perdiendo. Eso independientemente de que es muy dudosa la situación contable, financiera y legal de cada propiedad. Por ejemplo, se sabe que el estadio de futbol está dado en comodato a los propietarios del equipo Tiburones Rojos, y si va a ser trasferido en esas condiciones de nada le va a servir al IPE. Pero además, las propiedades ¿no están hipotecadas? ¿no tienen algún adeudo pendiente? El Acuario ¿es un negocio rentable? ¿no tienen pasivos laborales, o fiscales, o de seguridad social?, cuestiona el economista.

Y advierte: “La única manera en que sería admisible que el IPE apruebe un acuerdo como el que se le está proponiendo es bajo ciertas condiciones. Primero, el precio que se fije de los bienes debe ser un precio de remate, como se acostumbra en las operaciones de embargo, con el fin de que en la eventualidad de que requiera vender los activos pueda recuperar, mediante remate, una cantidad de dinero equivalente a la que le fue arrebatada. Segundo, deberá revisarse minuciosamente la situación, legal, contable, financiera y fiscal antes de aceptar cualquiera de los bienes”.

Todos deberán estar saneados en todos los términos y disponibles para ser utilizados por el IPE en la manera en que convenga a la institución. Tercero, deberá hacerse una evaluación de la inversión de manera tal que se pueda determinar que efectivamente con el total de las propiedades recibidas el IPE estará en condiciones de reconstituir su Reserva técnica.

Si no se cumplen estas tres condiciones el Consejo Directivo deberá de abstenerse de aceptar cualquier acuerdo y exigir por los medios necesarios la reparación de este brutal daño al sistema de pensiones del estado y al bienestar de todas las familias veracruzanas que dependen de esa institución.