Xalapa, Ver. Organizaciones en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, entre ellas La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (Lavida), responsabilizaron al gobierno de Orizaba, encabezado por Juan Manuel Diez, del ataque con arma de fuego perpetrado en contra del activista ambiental Jairo Guarneros Sosa, quien fue baleado este viernes.
Beatriz Torres Beristain, Guillermo Rodríguez, Emilio Rodríguez, entre otros activistas, expusieron que Jairo fue nombrado persona «non grata» por el alcalde de Orizaba, ya que Guarneros Sosa apoyó a los comerciantes en sus protestas, además de su activismo en contra de proyectos como la presa hidroeléctrica en Zongolica y el periférico Córdoba-Orizaba.
Refirieron que el pasado miércoles 6 de julio, Jairo encabezó una protesta frente a las oficinas de la Fiscalía Regional de Orizaba, esto para exigir que el ayuntamiento de esa ciudad presentara a los patrulleros de la policía municipal que la noche anterior impactó a un taxi, provocando la muerte de una mujer y dejando mal herida a otra.
La noche del pasado jueves, Jairo fue atacado por un sujeto con arma de fuego, le disparo a quema ropa cerca del cuello, hiriéndolo, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado y en recuperación, refirieron Beatriz Torres y Guillermo Rodríguez.
Ante ello, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, exigieron la captura de los agresores materiales, además de que demandaron una investigación y la aprehensión de los autores intelectuales.
«Demandamos la aprehensión de los autores intelectuales de este grave hecho, aun cuando estos puedan ser funcionarios o personal del gobierno. Responsabilizamos al gobierno de Orizaba así como al gobierno del estado de Veracruz y al federal, de cualquier futuro atentado que ocurra sobre Jairo, sus familiares o a integrantes del Colectivo Feminista Cihuatlatolli, GRITO, y los demás grupos con los que Jairo ha sido compañero de lucha».
Asimismo, demandaron garantías de seguridad para Jairo y activistas, y exigieron el cese de la persecución de luchadores sociales.
«Entendemos que esta agresión es consecuencia de todo el trabajo y toda la lucha que ha venido haciendo desde hace muchísimos años».
En ese sentido, en entrevista, el padre Julián Verónica, párroco de la iglesia de Amatlán, expuso que es constante la persecución e intimidación de activistas en la zona centro del estado.
«Es mucha gente la que ha sido amenazada, ejidatarios, comuneros, campesinos, de organizaciones civiles, todos aquellos hermanos que están defendiendo el río Atoyac, que están contra el periférico y contra grandes proyectos como las hidroeléctricas».
Incluso, el mismo sacerdote Julián Verónica ha recibido amenazas por su participación activa en defensa de los derechos humanos, incluyendo los ambientales.
«Me esperaban con camionetas afuera de la parroquia, me seguían, y también fue gente enviada por las empresas para ofrecerme lo que yo quisiera para que desistiera de la lucha».
Al respecto recordó que en agosto de 2013 fue asesinado el activista defensor ambiental, Noé Vázquez, quien luchaba contra la hidroeléctrica de El Naranjal.
«Exigimos el alto a la violencia contra todos los defensores de derechos humanos y contra el pueblo ne general. Jairo no está solo, queremos ser solidarios con él como él lo ha sido siempre».
Este jueves, en Orizaba, la sociedad civil salió a las calles para exigir justicia para Jairo y alto a las agresiones contra luchadores sociales, así como castigo a los responsables materiales e intelectuales.
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