Ciudad de México.- El ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita –quien actualmente está preso por enriquecimiento ilícito–, es presunto responsable en la desaparición de varias personas cuyos restos se encontrarían entre los hallados en las fosas de Colinas de Santa Fe, donde hasta ahora se han desenterrado 250 cráneos.
Autoridades federales y estatales de Veracruz confirmaron a Animal Político que se está integrando averiguaciones previas que serán consignadas ante un juez en contra de Bermúdez por su implicación en casos de desaparición forzada, hechos en los que además habría complicidad con el crimen organizado.
Se trata de una investigación en la que participan de forma coordinada las autoridades ministeriales estatales y federales para el seguimiento de las líneas de investigación y los trabajos periciales.
La Fiscalía de Veracruz trabaja la carpeta de investigación central por el hallazgo masivo de miles de fragmentos humanos y al menos 250 cráneos en las fosas de colinas de Santa fe y en donde se desprenden elementos que vinculan algunos de los casos con Arturo Bermúdez.
Como evidenciaron las investigaciones las víctimas fueron retenidas por elementos de la policía estatal cuando circulaban en un vehículo del que fueron obligadas a descender para luego ser ingresadas en camionetas de la policía estatal. Fue la última vez que se les vio con vida.
Ocho policías que fueron detenidos por este caso confesaron ante el Ministerio Público que los jóvenes fueron entregados a integrantes del crimen organizado en un rancho conocido como “El Limón” localizado en el municipio de Tlalixcoyan. Se trata de una zona con presencia del Cártel de Jalisco según las autoridades.
Cuando las autoridades inspeccionaron ese rancho encontraron al menos tres mil fragmentos de restos humanos triturados y varios calcinados. Es decir se trataba de un sitio para desaparecer cuerpos de personas. Pruebas de ADN confirmaron que había restos de al menos dos de los cinco jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca.
Semanas después, el 16 de marzo de 2016, el gobierno federal reportó la detención de cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por su presunta relación con la desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca. Al menos uno de ellos estuvo presente en el rancho donde la policía entregó a las víctimas.
Este modus operandi es el que ahora investiga la SEIDO en por lo menos tres casos más los cuales conectan con el municipio de Colinas de Santa Fe el cual también fue utilizado para desaparecer los cuerpos de personas con la presunta complicidad de elementos de Seguridad Pública.
Una policía poco confiable
La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz una de las corporaciones policiales de nuestro país con el mayor número de elementos en sus filas que reprobaron los exámenes de control de confianza y aun así siguen en activo.
Datos oficiales dados a conocer por la organización Causa en Común revelan que al cierre de agosto de 2016, poco antes de que Bermúdez renunciara al cargo como secretario de Seguridad de Seguridad, su dependencia era la que tenía el mayor número de agentes reprobados en activo de todo el país con mil 699, seguida de lejos por la Ciudad de México con 785.
En porcentajes el número de agentes reprobados representaba el 27 por ciento de todo el estado de fuerza de esa corporación. Dicho de otra forma, al menos 1 de cada 4 policías estatales veracruzanos no debería de serlo de acuerdo con lo que dice la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otro dato preocupante es que al término de la gestión de Arturo Bermúdez, Veracruz era la quinta entidad con mayor rezago en cuanto a la renovación de pruebas de control de confianza que en su momento se aplicaron pero que ya perdieron vigencia. Un total de mil 26 elementos son los que ya tendrían que haber sido reevaluados.
Algunos casos de desapariciones evidenciaron la poca confiabilidad de policías que incluso, en el papel, habían superado los controles. Es el caso del comandante Marcos Conde Hernández, quien fue señalado de estar vinculado en al menos cuatro casos de desapariciones hasta que fue detenido por tema de Tierra Blanca.
Aunque los señalamientos sobre Conde Hernández eran reiterados, la administración de Arturo Bermúdez Zurita nunca lo detuvo o separó del cargo. En cambio solo se le cambió de jurisdicción en el estado, hasta que las federales evidenciaron su probable responsabilidad en las desapariciones.
Recolectan ADN de 165 cráneos
De los 250 cráneos encontrados en las fosas de Colinas de Santa Fe, las autoridades federales ya consiguieron extrae muestras de al menos 150 cráneos que serán utilizadas para obtener los perfiles genéticos delas víctimas y comprobar sus identidades.
Aunque la investigación formal por el hallazgo de los restos en las fosas ubicadas en el referido predio está en manos de la Fiscalía General del estado, la Dirección de Servicios Periciales dela Procuraduría General de la República colabora para el trabajo de extracción de los perfiles genéticos.
Según las autoridades consultadas ya se procesaron 165 cráneos de los encontrados en la fosa y en las próximas semanas se espera contar con los perfiles genéticos de todos los cráneos encontrados. El primer paso será cruzar los perfiles con la base de datos de ADN con los que ya cuenta la PGR,
La Fiscalía de Veracruz reconoció en días pasados que carecía de la infraestructura necesaria para obtener los perfiles de ADN. Reveló que en la administración anterior solamente se simuló la obtención de perfiles genéticos. Con información de www,animalpolitico.com
No es Colinas de Santa Fe un municipio como se dice en el texto, no es el nombre del predio donde se hallaron las osamentas. Ya se dijo que ese lugar tiene dueños y son los hijos del ex gobernador Acosta Lagunes. Lo que no se ha dicho es quién proporcionó la información de que en ese lugar había restos humanos ni a a quienes pertenecen los demás restos. Colinas de Santa Fe es un fraccionamiento donde vive gente defraudada por la inmobiliaria y constructora Homex, traicionada y abandonada por el ayuntamiento de Veracruz y amenazada por las obras de la empresa CICE y la ampliación (privatizada) del puerto.