AMLO: ¿Amnistía a EPN?

En México existe una Ley de Amnistía que tiene un propósito jurídico-político aplicable a casos puntuales de personas involucradas en delitos que por su naturaleza (pobreza, reivindicación de causas sociales y el ejercicio de fines de justicia social, por citar algunos de ellos) reclamen una pieza legal de esa naturaleza. Hoy en plena campaña Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha anunciado de acuerdo a la nota de Sergio Caballero de la revista Proceso, que el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto (EPN) estaría “incluido” en esa figura jurídica.

El problema es que esa ley no prevé a los políticos corruptos, como se puede observar en lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Amnistía en vigor, que a la letra dice: “Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.”  Y las expresiones de AMLO representan el escenario que se augura si al final del día gana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la presidencia de la República. Veamos.

Primero. Es de reconocer la impericia jurídica de AMLO al hacer esas declaraciones sin estudiar el alcance de la figura vigente. Debería dejarse orientar por su abogado, el gran jurista Jaime Cárdenas, eminente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y un gran teórico y, por supuesto, técnico del derecho. La primera reflexión que me deja esa oferta (con independencia de la fórmula de limpiar los expedientes de muchos integrantes del crimen organizado, incluidos los gobernantes que se hacen multimillonarios con los recursos del pueblo que, por supuesto, estoy en desacuerdo) es la falta de preparación de AMLO y el discurso efectista, sin lecturas detrás (al menos tarjetas de sus asesores para que declare con promesas y ofertas que se apliquen a la Constitución y a las leyes) que robustezcan la forma y el fondo de sus expresiones.¡

Segundo. Las ofertas de AMLO tienen la fuerza del viento, en particular la relativa a los gobernantes corruptos empezando por el presidente de EPN. Me queda claro que desea- pero sólo eso- dar vida a un discurso moderado con el gobierno de Peña Nieto. Lo hace porque considera que eso facilitaría su acceso al poder sin mayores contratiempos si cuenta, es obvio, con los votos para que ello suceda. El problema es que AMLO como dice una cosa dice otra. Sería una ingenuidad del gobierno de EPN pensar que esas declaraciones de AMLO tengan la mínima dosis de veracidad. Las declaraciones de su pasado lo pintan de cuerpo entero y ubicado en el pragmatismo hasta sus últimas consecuencias, es muy probable que ahora diga una cosa y ya en su hipotético gobierno haga otra, quizá contraria a lo que ahora expresa como retórica de campaña. Es casi imposible que esa expresión de AMLO que afirma dejaría en un estado de impunidad al presidente de EPN, se convierta en un documento con algún tipo de fuerza legal. Al contrario, de firmar un acuerdo semejante, AMLO – si gana las elecciones- se incriminaría asimismo por comprometerse a no aplicar la ley que es la naturaleza del poder Ejecutivo prevista en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La conspicua expresión de AMLO pone al descubierto un tufo autoritario, al pasar por encima de la Fiscalía General de la República (hoy Procuraduría General de la República) que- se supone- tendría una autonomía constitucional y debería en el momento procesal oportuno decidir – al margen de criterios políticos- si abre una averiguación previa y si encuentra elementos consignar al juez de la causa para que emita, en su oportunidad una resolución judicial. Eso requiere un proceso de acuerdo al principio de legalidad. Y una declaración pública de AMLO queda sólo como una ocurrencia de bote pronto.

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