En los últimos tiempos el tema de las políticas nacionales de comunicación, ha acaparado especial atención a nivel mundial, lo sucedido y por suceder, en los sistemas de comunicación imperantes en América Latina.
El antecedente inmediato es el Informe MacBride, documento de la Unesco, publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Seán MacBride, ganador del premio Nobel de la Paz. Su objetivo fue analizar los problemas de la comunicación en el mundo al sugerir un nuevo orden comunicacional y promover la paz y el desarrollo humano, con el fin de lograr un nuevo equilibrio mundial en el ámbito de la información y de la comunicación. Así mismo el libro, clásico ya, de Peter Schenkel, Políticas Nacionales de Comunicación, editado por CIESPAL en 1981.
Ahora en México, quedó definida la política de comunicación social, por Andrés López Obrador, publicada en el Diario Oficial de la Federación, véase en: (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558048&fecha=17/04/2019).
La relación entre Gobierno y Medios se ha ido deformando hasta llegar a convertirlos en propagandistas electorales, que ensalzan las acciones gubernamentales para denostar los movimientos ciudadanos, así como son detractores de ambientalistas y luchadores sociales, que denuncian tanto a propietarios de medios como de organizaciones empresariales, en colución con el gobierno, para todos ellos expropiar, despojar, transformar tierras productivas, bosques, playas y costas, a sus ambiciones de crear nuevos destinos turisticos, centros comerciales e inmobiliarios y propiciar el saqueo de recursos de cada región.
Los medios de comunicación tradicionales son empresas, y por lo tanto deben solventar su operación a través de la publicidad, pública y privada. Los excesos, mas públicos que privados, se dieron principalmente en los seis sexenios neoliberales, el fenómeno rebasó la lógica y se orientó a consolidar relaciones comerciales con fines políticos, de propaganda partidista y difusión de bondades en la simbiosis Estado-Empresa. Hasta llegar de suprimir artículos de investigación, críticas de la prensa libre, para intimidar, reprimir y asesinar a periodistas.
“A pesar de su promesa, Peña Nieto, gastó más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares, mas de 40 mil millones de pesos, en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia, la cual reveló que la actual presidencia gastó más del doble del presupuesto de medios que los legisladores mexicanos, maiceados, le aprobaron”. (La Jornada)
Todo esto se magnifica con el gasto de los partidos políticos y del INE, en procesos electorales para sostener la corrupción, de periodos del PRIAN. Como ejemplo también los mas de 300 millones de pesos, solo en el 2018, destinados a “chiquear” a quince conductores, analistas, columnistas de medios en prensa, radio y TV. Sus nombres ya fueron divulgados, Ciro Gómez Leyva, Joaquín Lopez Dóriga, Ricardo Alemán, Pedro Ferriz, Pablo Hiriart, Loret de Mola, y una decena mas, que se dicen “pilares” de la formación de opinión pública, pero, lo logran con el fin de manipular la conciencia de los sectores mas empobrecidos y clases medias, incluyendo la derrama millonaria en “cochupos” a los chayoteros, medianos y pequeños, en los estados y municipios, a lo largo del país.
En la Política de Comunicación social que presentó el coordinador de comunicación, Jesús Ramirez, en mañanera reciente, en la que deja establecido el respeto irrestricto a la libertad de prensa y de expresión, al no intervenir, el Estado, en la vida interna de los diversos medios de comunicación, tanto los tradicionales, como en las nuevas tecnologías de la información.
El Plan Nacional de Comunicación sostiene: “Como objetivo central el incentivar la comunicación entre gobierno y ciudadanía, ya que la materia prima de la democracia es la información y así garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, transparentar la acción gubernamental, emponderar a la ciudadanía, propiciar la democratización del sistema mediático mexicano y documentar el impacto de las políticas públicas en la transformación de la realidad nacional. Entre los elementos básicos de la política, se basará en publicar en portales los gastos de comunicación social, prohibir hacer propaganda para presionar, castigar o premiar a los medios de comunicación. No estará permitido realizar erogaciones por concepto de notas favorables, los medios utilizados para la difusión de campañas deben tener relación con el nivel de penetración de la población objetivo del gasto en comunicación social. Entre los criterios de selección para trabajar con los medios de comunicación, se destacó que se tomará en cuenta el alcance (número de personas expuestas al medio) el share (participación de la audiencia) y el rating (personas alcanzadas por el programa del total de la población potencial”. (Reporte Indigo).
En América Latina, en los años setentas, la política del Presidente Salvador Allende, en Chile, hizo noticia frente a los medios de comunicación cuando denunció la manipulación de Walt Disney hacia la familia y la niñez, plasmada en el libro de Mattelart-Dorfman, “Para leer al Pato Donald”, prohibiendo la divulgación de materiales de Disney en Chile, lo que provocó la ira del emporio imperial y de las “buenas conciencias” empresariales. Casi paralelo, en el Perú, los decretos Ley del régimen del General Velasco Alvarado, respecto a la socialización de la Prensa y la Radiodifusión recorrieron el continente. Al igual, el mediático control ejercido por el general Juan José Torres de Bolivia, tres de los grandes gobiernos progresistas del Cono Sur.
En el caso de México, Luis Echeverría Álvarez dio apertura a la socialización de los medios, al abrir mas espacios de la radio y televisión de control estatal, lo que dio inicio al canal 13 de TV, se multiplicaron las radioemisoras y se fortaleció al tradicional periódico El Nacional, pero también, el “golpe estatal” contra el periódico Excélsior de Julio Scherer.
Mas recientemente, las confrontaciones se dieron en los gobiernos de Rafael Correa, Cristina Fernández, Lula da Silva, Hugo Chávez y Evo Morales, principalmente con la prensa y televisoras, coludidas a los intereses imperiales de Estados Unidos, junto a sus cadenas CNN, Univisión, Fox, para promover el saqueo de las riquezas energéticas y naturales, provocando “golpes jurídicos” a estos gobernantes progresistas, hasta llegar a la escandalosa sumisión del Ecuador, con Lenin Moreno, al entregar a Assange a la policía británica, por un préstamo del FMI, y al cínico y descarado manipuleo de CNN y Univisión, con respaldo de la OEA, sobre el caso de Venezuela.
Hoy en México, este cambio de régimen, que conducirá a la cuarta transformación, requiere de una política de comunicación social justa y abierta, en su relación con los medios de comunicación y la sociedad.
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