El pasado 4 de marzo, Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rindió cuentas ante la sociedad, en el contexto de las acostumbradas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nieto Castillo centró su intervención en aspectos como: redes de trata, pornografía y explotación sexual; combate al sicariato, a los líderes de los cárteles, a las estructuras financieras que les cobijan, y a los arreglos de corrupción política; irregularidades en las aduanas; facturación apócrifa que realizan algunas empresas para evadir el pago de impuestos; mal manejo de medicamentos en el sector salud; delito de secuestro; y grupos corporativos dedicados a la subcontratación (outsourcing) ilegal, en donde las empresas fachadas surgen como los hongos. En este último punto, Santiago Nieto hizo una declaración contundente: “Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó; que se ha transformado la normatividad”. La exposición del titular de la UIF da muestra del monumental trabajo que la administración actual enfrenta en su compromiso de acabar con la corrupción, pero hoy con una advertencia clara: la fiesta se acabó.

Pero no sólo en esos menesteres el festejo ha concluido. Para disgusto de los malquerientes, el gobierno da por terminados varios jolgorios más. Mencionaré cuatro de los más recientes:

PRIMERO. El 2 de abril, se publicó el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, para reintegrar a la Tesorería de la Federación todos los recursos que formen parte de ellos, para ocuparse en programas prioritarios. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resumió así: “Los recursos públicos encapsulados en fondos y fideicomisos habían estado fuera [de] la fiscalización y hoy por fin serán utilizados para el desarrollo”. Afirmó que esas entidades (casi 400 al cierre de 2019) carecían de estructura y de ahí la opacidad de su administración; su extinción significa para el gobierno la recuperación de casi 800 mil millones de pesos. Abunda con un dato rotundo, que deja ver la dimensión de la medida: la SFP tiene asignado un presupuesto de 1 mil millones de pesos, en otras palabras, los fideicomisos equivalen en conjunto a la friolera de ¡800 secretarías de la función pública! De ese tamaño. Los dineros ahora serán canalizados a necesidades prioritarias para el país (por caso, la salud hoy más que nunca), no a quehaceres oscuros y corruptos.

SEGUNDO. El 3 de abril, el jefe del ejecutivo anunció que tomó la decisión de devolver los tiempos fiscales de radio y televisión destinados al gobierno federal, para que éstos puedan ser comercializados por los concesionarios. Ello se traduce en que ya no se utilizará el erario para pagar a los medios privados la difusión de la obra gubernamental. El presidente argumentó que, cuando existe un gobierno que diariamente comunica sus labores a la sociedad (en referencia al uso de los canales oficiales en medios alternativos como las redes sociales), no es necesario ocupar otros espacios. Es comprensible que los medios tradicionales estén molestos por saber que, para mantenerse, tendrán que conseguir dinero de otras fuentes.

TERCERO. El sábado 4 de abril, el presidente hizo otro anuncio trascendental para la vida nacional: la aprobación de la reforma al artículo 4o. Constitucional, que blinda las pensiones para adultos mayores y personas con alguna desventaja física, así como las becas para jóvenes en todos los niveles educativos. Afirmó que, por ley, la pensión es universal, “es una aportación a los adultos mayores por todo lo que han hecho en beneficio del país […] Es una gran reforma histórica porque eleva a rango constitucional estos derechos [y] lo más importante es que [acompañándola] hay un artículo transitorio para que nunca falten los recursos [en] el presupuesto”. Lo anterior significa el cierre de otra llave de la corrupción, por vía de la cual líderes sindicales, funcionarios y otras rémoras presionaban a los vulnerables para que en época de elecciones votaran a favor de un determinado partido político o candidato, con la promesa de que si ganaban les retribuirían con beneficios económicos.

CUARTO. Este domingo 5 de abril, López Obrador rindió el primer informe trimestral de 2020. De entre varias medidas anunciadas, quiero destacar la reiteración de un cambio de 180 grados en la administración pública federal: ya no será el pueblo, sino el gobierno, quien se apriete el cinturón. En efecto, a las directivas de austeridad en marcha se suma el hecho que los salarios de los altos funcionarios se reducen más, y que no recibirán aguinaldo; esta disposición incluye al propio presidente y hasta los encargados de los niveles de subdirección. Dura noticia, que servirá para conocer quién tiene puesta la camiseta del México diferente al que aspiran millones de mexicanos.

Finalmente, si a lo descrito adicionamos el hecho que la terrible amenaza del coronavirus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID19, obliga a todos los mexicanos responsables a permanecer en casa, es claro que el país tiene que cambiar de rumbo de una vez por todas.

Sí, no cabe duda: la fiesta se acabó.