En desacuerdo consejo consultivo con propuesta de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones

CDMX.- El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), integrado por 15 miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 2º, 6º y 7º constitucionales, está previsto en el artículo tercero transitorio párrafo IX del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (CPEUM). El V Consejo Consultivo fue instalado el pasado 5 de junio y sesionó por primera vez el jueves 10 de junio.

Como órgano asesor independiente, no remunerado y conformado por especialistas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, este V Consejo Consultivo se opone contundentemente a cualquier modificación de carácter constitucional que atente contra la existencia, independencia o merme las atribuciones en materia de las telecomunicaciones y la radiodifusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En particular, este Consejo Consultivo se opone a las modificaciones al marco legal incluidas en la iniciativa recientemente presentada por el Senador Ricardo Monreal (MORENA) para reformar los artículos 27 y 28 de la CPEUM, con la que busca extinguir la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), transfiriendo sus atribuciones a un único órgano regulador, el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMeCoB).

Nuestro posicionamiento se basa en los siguientes hechos:

1. El diseño constitucional, legal e institucional existente para el desarrollo, la regulación, la supervisión y la promoción de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México es fruto de más de 20 años de demandas ciudadanas para que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión fueran más asequibles y accesibles para todos. Los mexicanos exigíamos en esa época que se acotara el poder de unas pocas empresas, se disminuyera la discrecionalidad de las autoridades, se aumentara la transparencia, se promovieran las inversiones y aumentara la competencia para que contáramos con más y mejores servicios. Estas demandas quedaron plasmadas en un documento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de 2012, en el que la Organización emitió varias recomendaciones de política pública siguiendo las mejores prácticas de sus países miembros.

2. La solución para satisfacer ese anhelo de bienestar fue la creación de órganos constitucionales autónomos, con atribuciones y herramientas sólidas, con garantía de presupuesto y formados por un cuerpo de especialistas técnicos.

3. Los resultados han sido evidentes. México cuenta hoy con un sector de telecomunicaciones vibrante y pujante:

• El sector ha comenzado a colocarse en posiciones de liderazgo de varios indicadores internacionales, tales como los publicados por la OCDE, donde México consistentemente había sido por décadas el peor evaluado. Varios de estos indicadores están ligados a los precios y asequibilidad de los servicios, que hoy resultan ser de los más baratos del mundo.
• El sector ha recibido, de 2013 a la fecha, más de 542 mil millones de pesos. Tan sólo en 2019, esta cifra alcanzó casi 98 mil millones de pesos.
• El PIB del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión creció 104% de 2013 a 2019, equivalente a un crecimiento anual de más de 12.5% durante toda la existencia del IFT.
• En el mismo período, los ingresos de los operadores de telecomunicaciones en México crecieron sólo 28%, por lo que puede deducirse que la productividad del sector ha aumentado sustancialmente y una parte importante de los beneficios han sido transferidos a los usuarios a través de precios más bajos, mejores servicios y mayor cobertura, incluida la social.
• El IFT ha otorgado 276 concesiones sociales, comunitarias e indígenas, resolviendo así una deuda histórica que por casi un siglo no había podido comenzar a saldarse. También ha otorgado 111 concesiones de uso público, ampliando las capacidades de acceso de los mexicanos a la información.
• En 2017, la OCDE hizo una evaluación positiva de los avances en el sector, resumidos en la siguiente cita: “México ha logrado avances muy relevantes y ha fortalecido significativamente su marco constitucional, jurídico y regulatorio”.

4. México cuenta hoy con un regulador con prestigio y reconocimiento a nivel internacional que es utilizado como referente en varios foros internacionales:

• Ha recibido 16 premios internacionales, entre los cuales podemos destacar 4 premios otorgados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación) y 4 por Regulatel (Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones).
• Recibió el reconocimiento de la Fundación EU-LAC por ser una de las 28 mejores experiencias en América Latina, el Caribe y Europa para promover la autonomía económica de las mujeres, especialmente de la población joven.
• La Plataforma de Pueblos y Comunidades Indígenas creada por el IFT ha sido galardonada tres veces. Esta plataforma busca apoyar el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en estas comunidades. La información para los usuarios ya está disponible en nueve lenguas indígenas.
• Obtuvo un reconocimiento de la PRAI (Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica) por “haber liderado exitosamente la transición de la TDT en México, convirtiendo a este país en la primera nación de América Latina en finalizar la transición analógica a digital de la televisión radiodifundida o Televisión Digital Terrestre”.
• Varios proyectos de ley en América Latina han usado como principal referencia el marco regulatorio e institucional de México para sus sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Nuestro país es la referencia más citada en la bibliografía especializada para la revisión de los marcos legales de los reguladores de los países de Centroamérica, la actualización del marco regulatorio de Chile y la elaboración de la Ley TIC de Colombia.

Las consecuencias de un cambio estructural en la regulación de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en nuestro país traería varias consecuencias indeseables:

• Aniquilaría una conquista ciudadana que tomó varias décadas de lucha social en la que participaron, entre otros, organizaciones sociales integradas por concesionarios comunitarios e indígenas, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales.
• Al menos durante la transición, cuya duración no es posible prever, se generaría un vacío regulatorio y de poder que muy probablemente sería tomado por los poderes fácticos y las grandes empresas reguladas, debilitando a los ciudadanos, a las autoridades, al Gobierno y al Estado. La historia demuestra que la debilidad transitoria se convertiría en debilidad permanente. Sería a todas luces un retroceso de lo conseguido por el pueblo de México.
• Uno de los grandes aciertos de la estructura actual fue el haber creado un órgano regulador eminentemente técnico, tanto en sus atribuciones como en la selección de su órgano máximo de decisión. La iniciativa elimina esa característica, dejando la selección del órgano máximo a criterios meramente políticos. Se perdería el conocimiento institucional de carácter técnico y se debilitarían las capacidades del órgano regulador en una materia que es técnica y especializada.
• Se subestima la complejidad de diferentes sectores al concentrarlos en un único ente regulador. Sin negar que existen aún áreas indudables de mejora, las condiciones de competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México han avanzado. Actualmente, más de mil empresas buscan actuar en un ambiente en donde el IFT continúa dando certidumbre a sus inversiones. Estas empresas buscan implementar tecnologías de punta en un sector donde la tecnología avanza a pasos agigantados; la especialización y el conocimiento actualizado del ente regulador es un requisito indispensable. El aumento en el número de empresas se traduce en más y mejores servicios, mayor diversidad, menores precios, más empleos y mayor productividad en beneficio de la población. La evolución en otros sectores – notoriamente en energía – es sustancialmente diferente, ya que aún se cuenta con la presencia de grandes empresas estatales.
• La propuesta legislativa está inspirada y sustentada en la cuestionable experiencia en España, sin considerar que en el contexto europeo todas las naciones miembro están supeditadas a las leyes y las regulaciones de la Comunidad Europea y a la supervisión de la Comisión Europea. Este órgano supranacional no existe en México. La propuesta tampoco considera los análisis de expertos que consideran que el diseño institucional español no ha sido efectivo. Por otro lado, México, a diferencia de Europa, cuenta con miles de comunidades indígenas, las cuales requieren de políticas diferenciadas, como varias de las ya implementadas por el IFT.
• Los pueblos originarios y las comunidades rurales que habitan una gran parte del territorio nacional e insular tienen un porvenir distinto en la industria del futuro (Industria 4.0) y los escenarios post-CoVID19 gracias a que México cuenta con una regulación sólida que ha logrado que los grandes operadores de telecomunicaciones no descuiden a estas comunidades y las dejen del lado equivocado de la brecha digital.

Este V Consejo Consultivo del IFT considera que el tema de la iniciativa presentada el pasado 10 de junio no debe estar en la Agenda Legislativa, pues atenta contra una institución que da resultados positivos de forma consistente que engrandece el nombre de México a nivel internacional. La motivación básica – unos ahorros misérrimos – no contempla la relación entre el costo y el beneficio para los mexicanos. ¿No estaría cada uno de nosotros, cada mexicano, dispuesto a continuar pagando 30 centavos de peso al mes por lo que ha venido recibiendo y continuará recibiendo en el futuro? ¿Vale la pena incurrir en el riesgo que este reajuste institucional traería sin tener la necesidad?

Aquí mensaje textual: Posicionamiento Consejo Consultivo IFT – 15 junio 2020

Necesitamos seguir contando con órganos técnicos autónomos, libres de la injerencia de otros actores. La autonomía se logra con la garantía de permanencia. No arremetamos contra esta garantía. Las estructuras regulatorias actuales – incluido el IFT, que por el momento nos ocupa – están funcionando eficientemente y mejorando continuamente. Este V Consejo Consultivo propone generar un diálogo continuo para construir sobre lo ya logrado, identificando las oportunidades para fortalecer esta institución del Estado mexicano en favor de la sociedad mexicana.

V Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Ernesto M. Flores Roux

Presidente

Sara Gabriela Castellanos Pascacio

Isabel Clavijo Mostajo

Mario de la Cruz Sarabia

Gerardo Francisco González Abarca

Erik Huesca Morales

Luis Miguel Martínez Cervantes

Jorge Fernando Negrete Pacheco

Lucía Ojeda Cárdenas

María Catalina Ovando Chico

Eurídice Palma Salas

Fabiola Alicia Peña Ahumada

Armida Sánchez Arellano

Salomón Woldenberg Esperón