Por Daniela Barragán/
Ciudad de México. (SinEmbargo).- Lo prometido era deuda: Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Sin embargo, no solo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya, de acuerdo con el mensaje del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI.
Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en esos hechos serían Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.
El mensaje de la FGR fue breve: sobre Odebrecht dijo que hubo sobornos por más de 100 millones de pesos para la campaña electoral de 2012; que fueron el Presidente (Enrique Peña Nieto) y el Secretario de Hacienda (Luis Videgaray Caso) los que le ordenaron la entrega de ese dinero a “varios asesores extranjeros”.
Habló de la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales durante 2013 y 2014. Según Lozoya, el monto utilizado para eso fue de 120 millones de pesos. De nueva cuenta, el Presidente y el Secretario de Hacienda le habrían ordenado repartirlos a “un diputado y cinco senadores”.
Luego, el Presidente y el Secretario de Hacienda le dieron otra instrucción: pagar 84 millones de pesos a “varios legisladores”, a un secretario de finanzas de un partido político y otros 200 millones de pesos para la Reforma Electoral.
Además señaló privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con las compañías Aldesa y Braskem, esta última filial de Odebrecht. Lozoya aseguró que hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa: “se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, comunicó Gertz.
A la denuncia la respaldan cuatro testigos, recibos y un video.
La FGR abrió una carpeta de investigación y empezará a hacer todas las diligencias. Se trabajarán en primer lugar, las ratificaciones, luego la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y el video y en los casos que sea procedente, llamar a declarar a las personas que Lozoya imputó.
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
De acuerdo con las acusaciones que la FGR tiene contra Emilio Lozoya Austin, éste negoció con la constructora Odebrecht pagos por 4 millones de dólares durante la campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones cuando fue director de Pemex.
Las declaraciones de Alberto de Meneses, representante de la empresa en México en ese entonces, detallan más lo que ocurrió esos días: De Meneses como representante de la empresa diseñó junto con Lozoya “infinidad de planes irregulares” para aplicarlos en el país.
“En varias ocasiones “ERLA” [Emilio Lozoya] agradeció a Luis de Meneses y sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto”, agregó la FGR en la audiencia de Lozoya del 29 de julio.
Los testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública” y fueron 39 millones de dólares los que la empresa obtuvo de México por la adjudicación de obras.
“El imputado recibió beneficios en su cuenta en Suiza”, agregó la FGR.
Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que “era conocido” que Lozoya participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto y luego en el periodo de transición fue el representante de Asuntos Internacionales justo cuando se hicieron los depósitos: primero de 500 mil dólares, luego de 1 millón, y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos.
De la campaña de Enrique Peña Nieto sobresalen los casos de acarreos de gente a las casillas, la compra de votos y el reparto de tarjetas Monex y Soriana.
Diversos funcionarios, incluido el propio candidato Peña Nieto, negó al menos en 20 ocasiones cualquier vínculo con esa institución financiera.
El 5 de julio de 2012, en entrevista con BBC Mundo, el entonces virtual ganador de los comicios, Enrique Peña Nieto, negó que el PRI compró votos y que sobornaron a los votantes a cambio de su sufragio y refirió que durante su campaña no se hizo nada fuera de la legislación electoral.
“El partido se apegó a derecho y siguió un proceso transparente. El partido invirtió a lo largo de la campaña lo que la ley le permite […] El más interesado porque se observara escrupulosamente el tope de gastos de campaña era yo y mi partido”, insistió.
El 19 de julio de ese año, Jesús Murillo Karam dijo en conferencia de prensa que no hubo contrato ni relación alguna con Monex y agregó: “La gente que se movió en la campaña tenía que comer, que moverse. Lo mejor era darle una tarjeta”.
YA EN EL PODER, LAS REFORMAS
Videgaray Caso fue el jefe de Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, de acuerdo de Javier Coello Trejo –ahora exabogado del exdirector de la petrolera estatal–, ninguna decisión relevante se tomó sin el conocimiento y la aprobación de Videgaray, quien en su momento fue considerado como un “Vicepresidente” en México.
La información que Lozoya entregó tiene que ver con el periodo de aprobación de las reformas, que a su vez, se desprende del Pacto por México, que fue un acuerdo de PRI, PAN y PRD para mostrar una unión que “impulsara el crecimiento del país”.
Terminado el sexenio, ahora según Lozoya, todo se trató de sobornos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas fue el que lanzó pistas sobre este caso, en específico sobre la manera en que fue aprobada la Reforma Energética, la “joya de la corona” de aquel famoso paquete de Reformas Estructurales que fue presumido en medios, foros y giras hasta el último día de ese Gobierno.
El Presidente en su conferencia de prensa matutina del 14 de julio pasado, lanzó la primera pista: “¿Cómo aprobaron la Reforma Energética? ¿Cómo se obtuvieron los votos? […] Ahora la Fiscalía General va a traer al señor Lozoya. Todo lo que se va a saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la Reforma Energética. ¿Quiénes aprobaron esa Reforma? ¿Qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron? ¿Por qué se obtuvieron los votos? ¿Cómo se obtuvieron los votos?”.
De acuerdo con Lozoya, para aprobar las reformas se utilizaron 120 millones de pesos y por órdenes de Peña y Videgaray, los habría repartido a “un diputado y cinco senadores”. El periódico Reforma publicó el 24 de julio pasado que parte del dinero lo habrían recibido Ricardo Anaya, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos actualmente gobernadores de Querétaro y Tamaulipas respectivamente.
CALDERÓN Y MEADE, TAMBIÉN IMPLICADOS
En junio de 2018, en días previos a la elección presidencia del 1 de julio de ese año, los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), así como el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y el ex Secretario de Hacienda y también ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, fueron denunciados por la organización Ahora, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el posible desfalco a la petrolera mexicana por mil 935 millones de pesos en 2016.
Esta denuncia derivó del contrato “desventajoso” que Pemex hizo con Braskem (de Odebrecht) e Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández –entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob)– y que le permite al consorcio comprarle a la petrolera etano “barato” durante los próximos 20 años.
Ese contrato se generó, se impulsó y se firmó durante el sexenio de Calderón Hinojosa. De acuerdo con la denuncia presentada por Alfredo Figueroa y Paulo Díez, el ex Secretario de Hacienda José Antonio Meade (2011-2012) firmó un decreto por el que se incrementó de manera ilegal el impuesto a la importación del petroquímico para permitirle a Braskem-Idesa “venderle polietileno caro a México”.
Las actas del Consejo de Administración que autorizó en 2008 y 2009 el proyecto denominado “Complejo Etileno XXI” estuvieron reservadas por años, hasta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó la entrega de una versión pública.
Este “negocio” provocó un daño a Pemex en 2016 y en 2017 por 3 mil 642 millones de pesos.
ese es el prian que tanto defienden y quieren que vuelva a gobernarnos!
basuras!