Xalapa, Ver..- En el Congreso del Estado de Veracruz la partida asignada en el año 2020 para el área de Comunicación Social fue de $31 millones de pesos, la cual ahora se sabe fue utilizada para publicitar la imagen del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, así como la del Secretario de Educación, Zenyazen Escobar, así como para desviar recursos a medios fantasma de reciente creación propiedad de morenistas a los cuales se les pagan sumas cercanas a los $500 mil pesos mensuales, así como para generar actos de corrupción y pedir moches del 50 por ciento o más, por convenio otorgado. Todo esto encabezado por Aldo Valerio Zamudio, titular del área de comunicación social.
Además, tomando como pretexto la pandemia en 2020, se asignaron recursos de la partida de Comunicación Social a personas ajenas a medios periodísticos, con un incremento del 40%.
La sola cifra evidencia el derroche de recursos públicos pero además, el desvío a través de páginas creadas sólo para sacar el dinero asignado porque no tienen ni dirección, ni personal, por lo que sólo publican boletines del Congreso del Estado y en específico, actividades del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, del aspirante a dirigente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, del Secretario de Educación, Zenyazen Escobar.
Tan solo durante el segundo semestre de 2019, el presidente de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín, autorizó al coordinador de Comunicación Social del Congreso, Aldo Valerio Zamudio, la inversión de $13 millones de pesos para publicidad, es decir, dinero destinado a promover su imagen, la del grupo legislativo de MORENA y funcionarios estatales allegados a ellos.
En 2020, a pesar de que a partir del mes de marzo inició la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la cual ha acarreado una crisis económica en miles de familias, Gómez Cazarín aumentó el gasto de recursos públicos para promover su imagen, a $18 millones de pesos que fueron a parar a las mismas manos y para favorecer a las mismas personas.
El derroche en publicidad contrasta con las verdaderas necesidades de los veracruzanos: la compra de equipo médico y apoyo para aquellos que han perdido su fuente de ingresos durante la epidemia pero además, con toda alevosía y ventaja, se utiliza como pretexto a los medios de comunicación para solicitar mayores recursos para la partida de publicidad pero de manera “sospechosa” también se otorgan contratos a empresas de reciente creación identificadas en propiedad con el propio Aldo Valerio, así como los «moches» que llegan al 50% por otorgar contratos publicitarios a los medios de comunicación, con lo que se está generando un terrible desvío de recursos públicos para beneficiar a los responsables de la distribución.
$6 millones de pesos para medios “fachada” propiedad de Valerio, Cazarin, Zenyazen e Ivan Luna.
Una investigación se logró detectar que al menos $6 millones de pesos habrían sido desviados hacia medios de comunicación “fachada”, los cuales comparten algunas características: no son verdaderos medios de comunicación, no tienen equipo de reporteros, rara vez publican y, cuando lo hacen, son los boletines del Congreso del Estado, así como las columnas de Juan Javier Gómez Cazarín, Esteban Ramírez Zepeta y demás funcionarios de Morena pertenecientes a dicho grupo.
En octubre del año pasado, el diputado de MORENA, José Magdaleno Rosales Torres, denunció la existencia de al menos cinco medios de comunicación “fachada” a los que se les habían otorgado contratos de publicidad, cuando en realidad pertenecían al coordinador de Comunicación Social, Aldo Valerio Zamudio, quien utilizando prestanombres habría desviado millones de recursos públicos.
Al realizar un análisis de los medios de comunicación contratados por el Congreso del Estado, se encontró que un total de 32 “medios” tienen las características de “fachada” o «fantasmas» para justificar la asignación de contratos, ya que no publican ni generan información; son desconocidos en el Estado y ni siquiera intentan maquillar su condición fraudulenta, pues rara vez son actualizados.
Estos 32 medios fantasmas, en los últimos 18 meses recibieron contratos por el orden de los $6 millones de pesos provenientes de las arcas del Congreso del Estado.
– Los medios comunicación CX Noticias; Nación Política; Tsunami Veracruzano; 24 Veracruz; y Revista Perfil Veracruz, señalados por el diputado de MORENA Magdaleno Rosales Torres como propiedad del coordinador de Comunicación del Congreso, Aldo Valerio Zamudio, han recibido contratos por un monto de $2 millones de pesos anuales.
– Los medios de comunicación Clarín Veracruzano y Conecta MX, son propiedad de empleados de MORENA. Clarín Veracruzano pertenece a un asesor de la bancada de ese partido en el Congreso de la Unión; mientras que Conecta MX es propiedad del Delegado Distrital de MORENA en Agua Dulce, Gimmy Antonio Tadeo.
Dichos «medios» mantienen de forma permanente como notas principales los boletines del Congreso y sus dos únicos columnistas son Juan Javier Gómez Cazarín y Esteban Ramírez Zepeta. Por su parte, Conecta MX es una página de Facebook y han recibido contratos por $195 mil pesos mensuales.
Contratos a sobreprecio.
Otra vertiente de la corrupción es la contratación a sobreprecio, esto, porque en Comunicación Social del Congreso del Estado se otorgan convenios a medios de comunicación, con la condición de entregar un moche del $50 por ciento o más al firmar.
En ese sentido, resulta difícil de justificar el pago de $975 mil pesos a páginas web denominadas «BUZÓN» con la misma razón social pero una de Xalapa, otra de Veracruz y una más de Coatzacoalcos, en las que difunde exactamente el mismo contenido y recibe denuncias ciudadanas.
Crear tres dominios distintos, en los que se difunde la misma información sin contenido periodístico para justificar la asignación de tres contratos diversos, podría ser constitutivo de responsabilidad tanto para el contratante como para el que simula dar servicios diferentes.
El hecho de que $6 millones de pesos de recursos públicos hayan sido utilizados para contratar medios con características de fachada para desviar dinero público, constituye una posible causa de responsabilidad penal y administrativa para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín y del coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio que le opera la prensa al secretario de Educación Zenyazen Escobar.
Y tanto que criticaban lo que hizo Gina Domínguez y Alberto Silva desde la CGCS. Estos Morenos salieron más cabrones que bonitos para eso de crear empresas fantasmas y meterle la mano al «cajón» robándose el dinero impunemente, ya que hasta ahora ningún diputado de oposición se ha atrevido a pedir una auditoría y presentar una denuncia penal.
Se supone que el SAT revisa a los contribuyentes que simulan operaciones ya deberían estar pidiéndoles cuentas , no sea que cuando entré otro gobierno con otro partido la UIF empieze a excarbar y vayan tras funcionarios corruptos