AMLO: Ante el crimen, la sospechosa tolerancia/ Ricardo Ravelo/ Desde el Altiplano

Reacio a utilizar las fuerzas del Estado para abatir al crimen organizado, empecinado en “combatir las causas” de la violencia, según él, representadas por la pobreza y el abandono social –algo que está bajo cuestionamiento incluso a nivel internacional porque se asegura que la pobreza no es causal de criminalidad– el Presidente Andrés Manuel López Obrador está sumido en una madeja de fallas y fracasos en su política antidrogas porque, a más de dos años de su Gobierno, el narcotráfico no sólo sigue imparable en el país sino que se recrudece junto con la violencia que genera. Además, el Gobierno de la Cuarta Transformación parece atrofiado: a nivel de su Gabinete no hay coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República y, a nivel territorial, más de 75 mil efectivos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas están desplegados en todo el territorio pero no pueden actuar porque tienen las manos amarradas con la decisión presidencial de no usar la fuerza contra los criminales porque, según el mandatario, es mejor actuar ante el crimen con “abrazos y no con balazos”. Así, el país se desgarra en baños de sangre por todas partes sin que nadie ponga un alto a este carnicería humana.

En su desmedida ambición de controlarlo todo, el crimen organizado avanza e impone sus dominios en amplios territorios del país: asesina, secuestra, desaparece, roba combustible, trafica con drogas, extorsiona y corrompe sin medida, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador asume una posición de tibieza que raya en la torpeza, pues a pesar de las sacudidas violentas sigue enfrascado en no usar la fuerza del Estado.

A poco más de dos años de Gobierno, cuando se presume que las bases de su política nacional están sentadas, la violencia se recrudece por todas partes. En todo el país se contabilizan unos 57 mil asesinatos, la mayoría perpetrados por el crimen organizado, entre ellos, 5 mil 800 mujeres y mil 800 adolescentes; en promedio, son asesinadas unas 100 personas todos los días, aunque el Gobierno federal desestima estas cifras y argumenta que la criminalidad va a la baja.

En Tamaulipas, donde gobierna el panista Daniel Cabeza de Vaca, la violencia es generada por el Cártel del Noreste –antes Zetas– que también operan en todo el corredor Nuevo León-Coahuila.

En un hecho plagado de horror, grupos criminales asesinaron a una veintena de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, que después fueron calcinados. Esto causó un impacto internacional, a grado tal que el Gobierno de Guatemala acusó al Gobierno de Daniel Cabeza de Vaca de haber orquestado un crimen de Estado, pues en la muerte de los migrantes habrían participado policías estatales vinculados con los cárteles.

No pasaron muchos días de este caso cuando en Zapopan, Jalisco, otra vez se desató la metralla: un grupo de presuntos secuestradores abrieron fuego en un restaurante de la plaza Andares donde secuestraron a una persona que, en principio, se dijo era el dueño del bar “Distrito 5”, donde en diciembre de 2010 acribillaron al exgobernador Aristóteles Sandoval, un personaje relacionado con el narcotráfico pero que, pese a ello, el Gobierno de Enrique Alfaro no ha trazado la línea del crimen organizado como central para indagar el asesinato ni tampoco la Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído el caso.

La situación también está crítica en Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde el Cártel de Jalisco (CJNG) se ha posicionado en el negocio del “huachicol”, actividad que en el primer estado ha generado confrontaciones con el Cártel del Noreste, que domina amplios territorios.

Pero la región más crítica es El Bajío, donde están enfrentados los cárteles que encabezan Nemesio Oseguera, “El Mencho” y el grupo criminal que encabezó hasta agosto de 2020 José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, el Cártel Santas Rosa de Lima. Ambos grupos criminales han protagonizado balaceras, asesinatos masivos, levantones, secuestros, entre otros delitos, además de que han sembrado una ola de terror a través de las extorsiones a negocios grandes y pequeños.

Violencia imparable   

La mayoría de los crímenes –un verdadero baño de sangre en todo el país– es generada por los enfrentamientos entre cárteles –15 en total, aunque datos oficiales aseguran que son 37 además de sus ramificaciones– que se disputan el control territorial, el mercado de las drogas, pero también existen fuertes choques por el usufructo de los recursos naturales, como la minería, el robo de combustibles, entre otros, que los grupos criminales han incorporado a su portafolios de actividades.

De las 15 organizaciones criminales que operan en el país, el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima son los más dinámicos actualmente:

Ambos cárteles están enfrentados –y no parece haber tregua entre ellos– por el control del estado de Guanajuato: ahí la guerra es por el negocio del “huachicol”, el robo de combustibles; el tráfico de drogas, los secuestros, las extorsiones y el control territorial.

En meses anteriores, el CJNG difundió tres videos en los que muestra su poderío bélico pero no sólo eso: a través de esos mensajes le anuncia a los miembros del cártel Santa Rosa de Lima que los eliminarán junto con toda su familia; le atribuyen la ola de violencia que enfrenta el estado, en especial, la matanza de 27 personas al interior de un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, quienes fueron asesinados cuando los sicarios, entonces al servicio de “El Marro”, buscaban a uno de sus enemigos.

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno de la Cuarta Transformación ha sido no sólo tibia sino ineficaz para contener la ola de violencia.

Todo esto ocurre a pesar de que, como candidato, primero, y Presidente, después, Andrés Manuel López Obrador ha dejado a un lado los recursos que le confiere la ley para enfrentar la violencia, como es el uso de la fuerza; su política se ha basado, en palabras suyas, en los “abrazos y no balazos”, en atender la pobreza del país a través de los programas sociales, que para el Presidente son las causas de la violencia.

Hasta ahora, el Presidente ha fallado en fortalecer la economía y el empleo, pero sobre todo en resolver el problema de la inseguridad pública, uno de los compromisos torales contraídos con la sociedad antes de ser electo Presidente de la República.

Peor aún, López Obrador no ha  capturado a ningún capo emblemático en lo que va de su Gobierno, salvo Santiago Mazari, “El Carrete”, líder del cártel de “Los Rojos”, detenido por accidente en Guerrero, quien por años se convirtió en una pesadilla en los estados de Guerrero y Morelos, sus feudos.

Libres e impunes, sin embargo, continúan los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán– quienes encabezan el cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales que, de acuerdo con la DEA, tiene presencia en 80 países.

Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael “El Mayo” Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, quien ahora opera en sociedad con Rafael Caro Quintero en norte del país, éste último, por cierto, opera en Sonora desde que fue puesto en libertad en 2013.

Por lo que respecta a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional sostienen que está enfermo de un problema renal avanzado, pero recientemente festejó su cumpleaños en los límites de Jalisco y Michoacán, su refugio, lo que derivó en el desfile de miembros del CJNG luciendo armamento de alto poder y cuyas escenas fueron difundidas a través de las redes sociales. Supuestamente el Gobierno preparaba un operativo para detenerlo, pero de buenas a primeras se ha guardado silencio al respecto.

Según el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, la aglomeración de las huestes de “El Mencho” se realizó después de un supuesto festejo en el que el líder del cártel festejó su onomástico.

Meses atrás, sin embargo, circuló la versión de que Oseguera Cervantes había sido abatido en un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Armadas en Chinicuila, Michoacán, pero el rumor no se confirmó.

Luego, a través de las redes sociales, trascendió la información de que “El Mencho” había muerto debido a un problema renal; otra versión que trascendió fue que había fallecido de coronavirus. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron la información. “El Mencho” continúa sus andanzas en el crimen organizado.

Una guerra imparable

Actualmente la guerra entre los cárteles se centra en Guanajuato, la región de El Bajío, pese a que la violencia aumentó en Tamaulipas y Jalisco, dos entidades cuyos mandatarios –Daniel Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro– perdieron la capacidad de garantizar la gobernabilidad y actualmente se ven rebasados por las ráfagas del crimen.

Los capos que actualmente gozan de impunidad en México son perseguidos por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, que le han seguido la pista desde hace varios años, “El Mayo” Zambada suele financiar  a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. El dato que se ha confirmado, por ejemplo, es que Zambada financió con dinero y armamento a Los Matazetas, que originalmente pertenecían al cártel de Sinaloa, pero luego se enfrentaron al CJNG.

Los estados con mayor violencia son Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Jalisco. En este último estado operan varios cárteles que se disputan la llamada ruta del pacífico.

No es todo: En los últimos 10 años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Después de la guerra fallida implementada por Felipe Calderón y la corrupción desastrosa que prohijó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el crimen lejos de ser combatido se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil , Chile, Costa Rica y Guatemala.

E incluso cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, desde donde operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.

Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados es la expansión del cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la DEA.

Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos–, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.

De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.

Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.

Geografía del narco

De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (FGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por 14 cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país– y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.

Esos mismos informes establecen, además, que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos– es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.

Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos –Los Zetas y al Cártel del Golfo– cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.

Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.

En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo Gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.

Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra– la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.

Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.

En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis de inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.

El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico– al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.

Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como “Los Pelones” continuaron al servicio de Héctor Beltrán, “El H”, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –detenido en México debido a un percance de tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.

Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.

La caída y extradición de “La Barbie” no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo “Cida”, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, “El Melón”, Benjamín Flores Reyes, llamado “El Padrino” (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, “El Coreano”, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.

El segundo grupo se le conoce como “La Barredora2 y lo encabezan Cristán Tarín, “El Cris” y Eder Yair Sosa, “El Cremas”. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.