Por Manuela V. Carmona/
Orizaba, Ver.- La actuación de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), ante la problemática del Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas ubicado en el municipio de Nogales pero sobre todo la Declaratoria de Emergencia Ecológica de este lugar, han dejado serias dudas, lamentó el Presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas A.C. y Coordinador Estatal de la Iniciativa Ambiental Veracruz, Graciano Illescas Téllez.
Y es que para el ambientalista el actuar de esta dependencia es incoherente, unilateral, discrecional e incluso cuestionable desde el punto de vista de la legalidad, pues asegura que la PMA ha venido atendiendo la grave problemática que padece Veracruz en materia de residuos, y como resultado de ello, está conduciendo dicha problemática a una crisis ambiental aún mayor.
Cuestionó la Declaratoria de Emergencia Ecológica del Relleno Sanitario Regional, publicada en la Gaceta Oficial del estado el pasado 22 de febrero del presente: “dicha declaratoria pareciera a primera vista un gran acierto de la PMA, incluso un ejercicio brillante de sus atribuciones y un hit de sus abogados, si no fuera porque no se ha hecho lo mismo con muchas otras decenas de tiraderos ilegales que siguen operando incluso bajo la “recomendación” de la misma Procuraduría, como lo han manifestado varios alcaldes y líderes sociales”.
Precisó que el citado decreto cuenta con un Dictamen Técnico Ambiental elaborado por una especialista, cuyo nombre dicho sea de paso la PMA tenía el deber de haber resguardado, donde se indica que el relleno sanitario cumple con 6 de 9 de los criterios considerados por la NOM 083 Semarnat 2003
“Si bien existen deficiencias que ameritan importantes medidas de saneamiento, la PMA consideró pertinente resolver el problema apoderándose de dicho sitio de disposición final, poniéndolo bajo su propio “resguardo”, y eso genera serias dudas sobre la actuación de la
Procuraduría, tan preocupantes que diversas organizaciones preparamos ya una petición que será elevada hasta los más altos niveles del gobierno federal y estatal, de los congresos y de instituciones de derechos humanos, porque no es posible que se ignoren y menosprecien la concurrencia de otras instituciones públicas y las exigencias de transparencia que hacemos desde la sociedad”.
Para finalizar dijo que en breve, grupos ambientalistas darán a conocer los puntos principales de dicho planteamiento.
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