Por Nicolás Cruz Hernández
Xalapa, Ver, miércoles 1º marzo 2023.- Luego de que el 31 de enero próximo pasado, el congreso local del Estado avaló el dictamen con proyecto de decreto y aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
El ORFIS está facultado para iniciar el proceso de investigación del presunto daño patrimonial por 2 mil 858 millones 333 mil 642. 84 centavos.
Ahora el ente fiscalizador deberá entregar un informe de presunta responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves y otorgará el derecho de audiencia, a través de su Unidad de Investigación, a efecto de que los servidores o ex servidores públicos puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Además, los titulares de los Órganos Internos de Control de los entes observados con presunto daño patrimonial deberán realizar las acciones necesarias para atender las recomendaciones que le notificará el ORFIS.
Del total del presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 2021, en 205 ayuntamientos se presume un quebrando financiero de 2 mil 668 millones 433 mil 822 pesos. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, hay un presunto daño patrimonial por 189 millones 899 mil 820.84 pesos, de los cuales, 57 millones 731 mil 938.44 pesos se detectaron en 3 dependencias estatales y 132 millones 167 mil 882.40 pesos en 31 Organismos Públicos Descentralizados.
La Cuenta Pública 2021 es la última de las administraciones municipales 2018-2021 y la tercera del actual Gobierno del Estado. De la Cuenta Pública Municipal hay 3 ayuntamientos que concentran el mayor presunto daño patrimonial.
Tantoyuca que fue gobernado por el panista Amado Guzmán Avilés, el señalamiento de presunto daño patrimonial es por 252 millones 502 mil 008.97 pesos. En el municipio de Veracruz que gobernó el también panista Fernando Yunes Márquez, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial por 117 millones 507 mil 043.04 pesos. Y el Ayuntamiento de Córdoba que presidió la panista Leticia López Landeros, en donde el presunto daño patrimonial es por 107 millones 324 mil 751.68 pesos.
Además del Ayuntamiento de Tamiahua que presidió la ahora diputada local, Citlali Medellín Careaga, que tiene un faltante de 9 millones 895 mil 161.46 pesos.
En el caso de las dependencias estatales observadas con presuntas irregularidades financieras, son la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) con 56 millones 730 mil 232.35 pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), con 1, mil 28.39 pesos; y la Oficina de programa de Gobierno (OPG) con 677.70 pesos.
Entre los 31 Organismos Públicos Descentralizados con presunto daño patrimonial están la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con 22 millones 910 mil 685.27 pesos; el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV) por 18 millones 157 mil 911.81 pesos; el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), por 18 millones 801 mil 830.82 pesos, y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por 15 millones 993 mil 489.61 pesos.
IVD y 15 Tecnológicos con observaciones millonarias
Destaca el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) en donde se dio seguimiento a las observaciones de la Cuenta Pública 2020 y resultó con una observación por 10 millones 896 mil 346.49 pesos; y a la Cuenta Pública 2019 donde tiene un daño por 33 millones 390 mil 140.64 pesos; mientras que en la Cuenta Pública 2021, el presunto daño patrimonial es por 3 millones 933 mil 157.06 pesos.
También hay presunto daño patrimonial en los Institutos Tecnológicos Superiores de Acayucan, Alvarado, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Jesús Carranza, Las Choapas, Martínez de la Torre, Misantla, Naranjos, Pánuco, Perote, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Xalapa y Zongolica.
Si durante el ejercicio de la facultad de fiscalización superior o como resultado de las auditorías, revisiones o investigaciones realizadas por el ORFIS se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, se procederá de acuerdo a las disposiciones aplicables que en materia de responsabilidades administrativas procedan, se impondrán sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas en que incurran, y los particulares vinculados con dichas faltas.
O en su caso, presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, por los probables delitos que se detecten derivado de las auditorias, o revisiones o investigaciones.
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