Por: Nayeli Roldán, Frasua Esquerra, Óscar Nogueda, Melisa Correa y Regina López Puerta
Entre 2020 y 2023, la administración del gobernador de Veracruz usó a beneficiarios de programas sociales del gobierno de López Obrador para crear una red de empresas fantasma a las que se les otorgaron contratos millonarios en obras públicas sin que fueran realizadas; en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.
El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte para desviar recursos públicos y que lo llevó a la cárcel: contactan a personas de escasos recursos y los engañan para que firmen los papeles necesarios que les permitan crear empresas fantasma; luego les dan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.
Igual que Duarte, la administración de Morena enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hacía el PRI y que fue revelado por Animal Político hace seis años, sino eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.
En todos los casos se pudo comprobar que los supuestos dueños de las empresas contratadas eran beneficiarios de estos programas sociales, que fueron engañados para firmar los papeles necesarios.
Nuevamente, las instituciones que debían atender a los más pobres son las que entregaron los contratos que consistían en mejorar la infraestructura sanitaria en las escuelas, construir “aulas didácticas” o pavimentar calles en algunas de las localidades más marginadas del estado, donde ni siquiera tienen servicio de drenaje y todo es terracería, como se pudo comprobar en la visita a los lugares.
Entre 2020 y 2023, en la administración de Cuitláhuac García, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz entregaron al menos 439 millones de pesos a cuatro empresas creadas poco antes de recibir los contratos y cuyos propietarios son, en realidad, beneficiarios de programas sociales y también a siete jóvenes que supuestamente contrataron, aun cuando tienen entre 20 y 28 años de edad y también son beneficiarios, y no empresarios.
Todos los recursos entregados en estos contratos provienen de los recursos federales que entregan a los estados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas.
También del programa Escuelas al Cien, creado por la administración de López Obrador, mediante el cual se entrega dinero supuestamente a los padres de familia para mejorar la infraestructura de las escuelas. A nivel federal, la misma Secretaría de Educación Pública ha reconocido que no tiene ninguna prueba de cómo se gastaron los 23 mil millones de pesos destinados a ese programa en todo el país, como reveló Animal Político.
Usan empresas fantasma para desviar recursos públicos en Veracruz
Otra vez, como en el gobierno de Duarte, hicieron una red de empresas que comparten integrantes y simulan competencia en licitaciones públicas para aprovecharse de los recursos públicos de estas dependencias y programas; y en ningún caso los “empresarios” sabían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millonarios contratos de dependencias estatales, ni de las supuestas obras que debían realizar.
Animal Político entregó los hallazgos de esta investigación a la vocería de Cuitláhuac García desde la semana pasada para solicitar una entrevista o postura al respecto, pero no hubo respuesta.
Para esta investigación, Animal Político revisó los contratos entregados a empresas de nueva creación y a personas físicas, de 2018 a 2023. Luego, los integrantes de esas empresas fueron buscados en los padrones de beneficiarios de programas sociales y las coincidencias fueron confirmadas por su RFC, la edad que se registraba al momento de recibir el programa social y el municipio. Después se buscaron en las direcciones fiscales registradas y por teléfonos. Se entrevistó a los supuestos dueños y se confirmó que las obras nunca se realizaron.
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