Nicolás Cruz Hernández
Xalapa, Ver, 29 mayo 2024.-Jóvenes denunciaron haber sido víctimas de acoso laboral, sexual y extorsión por parte de su ex jefe, el empresario Víctor Rafael Aguirre García, dueño de 5 establecimientos en la capital del Estado: Nasavi, Motoko Maid, Ramen House (2 sucursales), Centro Tokyo, y Tai Tai. Aseguraron que incluso llegó a privar de su libertad a uno de ellos dentro de un establecimiento y no lo dejó salir hasta que su familia le pagó 10 mil pesos.
Señalaron que son alrededor de 15 jóvenes quienes han sufrido extorsión, acoso y violación a sus derechos laborales y humanos. Mencionaron que incluso menores de edad desconocen los derechos que tienen como trabajadores.
La joven Karla Paola Hodel Contreras, dijo que: “Son muchos casos pero la mayoría no nos pueden acompañar tanto por tiempo como por miedo, porque ahorita, a lo que yo sé, a sus empleados recientes los hace firmar desde un principio una hoja donde dice que si no trabajan para él un año completo tienen que pagar 10 mil pesos”.
Ella explicó que laboró en Motoko Maid de noviembre 2022 a enero 2023. En todo ese tiempo, nunca tuvo un descanso pues las jóvenes que entraban a capacitarse se salían antes de terminar una semana por sufrir acoso. Además, les cobraban a los trabajadores la comisión por el pago de tarjeta de las propinas, laboraban con salario bajo, sin seguro médico. Además de sufrir acoso sexual y amenazas
Por su parte, otro joven ex trabajador, César Emiliano, detalló que el pasado sábado 25 de mayo su familia tuvo que firmar un pagaré de 40 mil pesos y darle celulares y aparatos electrónicos al mencionado empresario, ya que no lo dejaba salir del local de comida ubicado en la calle Sayago, pues lo acusaba de haberle robado dinero.
“Me exigió que le diera 40 mil pesos porque si no me iba a denunciar por robo. Me dijo: ‘Necesito que me des 40 mil pesos y ahorita para que te vayas si no quieres que te lleve ante el Ministerio Público necesito 10 mil pesos para poder dejarte ir’. No soy el único que pasó por eso. Tengo testigos. Mi familia fue por mí y le tuvieron que dejar celulares y los obligó a firmar un pagaré”.
Finalmente, los quejosos adelantaron que acudirán ante Conciliación y Arbitraje, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a la fiscalía general del Estado, para denunciar estas y más situaciones a fin de obtener justicia.
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