Falta de asesoría jurídica obstaculiza denuncias de maltrato, señala experta

Por Efraín Hernández/

Córdoba.- La carencia de asesoría jurídica adecuada es uno de los principales factores que impiden que muchas mujeres denuncien el maltrato que sufren, indicó Mónica Mendoza Madrigal, copresidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad.

Asimismo, subrayó la necesidad de que las autoridades procedan de manera más eficaz en la integración de los expedientes para la resolución judicial de los casos presentados ante las fiscalías especializadas.

Enfatizó que existe una sobresaturación de casos en las fiscalías especializadas, agravada por la reducción presupuestaria.

«Esta situación ha llevado a que un número reducido de personas maneje una cantidad extrema de expedientes, lo que resulta en una integración deficiente de los casos, negligencias y fallas en la cadena de custodia«, expresó.

Añadió que todos estos factores contribuyen a la impunidad, enviando un mensaje a los agresores de que agraviar a una mujer no tendrá consecuencias y a las víctimas de que su dolor y agravio no importan.

En ese sentido, Mendoza Madrigal destacó la responsabilidad de los magistrados y jueces en la correcta impartición de justicia. Señalando que muchos casos de violencia no han prosperado debido a la corrupción entre jueces, magistrados y agresores, lo que agrava la situación de las afectadas, incluidas mujeres e infantes. Para abordar esto, hizo un llamado a la intervención del Consejo de la Judicatura y las contralorías, para supervisar y retirar de sus funciones a aquellos jueces y magistrados que no cumplan con su deber de impartir justicia correctamente.

La copresidenta asevero que la prevención es clave en materia de violencia, una tarea que corresponde principalmente a las autoridades de los ámbitos ejecutivos, ya sean federales, estatales o municipales. Subrayó que, a nivel municipal, los institutos de las mujeres suelen estar dirigidos por personas sin el perfil adecuado ni perspectiva de género, designadas como pago de favores políticos.

«Este desconocimiento resulta en una falta de acciones contundentes en prevención y atención a las víctimas», agregó. Finalmente, hizo un llamado a las alcaldesas y alcaldes para que asuman la responsabilidad que les corresponde y promuevan una transversalización y perspectiva de género en sus administraciones públicas, con el fin de prevenir y atender de manera efectiva la violencia de género y proteger a las víctimas.