Manuela V. Carmona
Orizaba, Ver.- Habitantes del municipio de Ixhuatlancillo, lamentaron el mal manejo que ha dado el alcalde Fernando Ochoa Vergara al problema que se presentó tras la detención de un habitante señalado de presunto abuso sexual, que derivó en la quema de una patrulla, pues lejos de buscar se proceda conforma a derecho, ha solicitado el apoyo de organizaciones de defensas de Derechos Humanos, para crear polémica.
Lo anterior lo confirmó el Coordinador jurídico estatal de Derechos Humanos de la Capellanía Armada Mundial de Paz México Ángel García Gómez en rueda de prensa, ofrecida en la ciudad de Orizaba,
Reportero: ¿A ustedes quien les pidió intervenir en este caso, la autoridad municipal o la familia de la víctima?
Ángel García Gómez: Fue la autoridad municipal.
Reportero: Se han acercado a los padres de la víctima.
Ángel García Gómez: De hecho, no, después de aquí vamos al municipio de Ixhuatlancillo, con el munícipe, para tener el contacto con estas personas y darles el apoyo.
Reportero: ¿Por qué la autoridad municipal acude a una Asociación Civil y no a las instancias de Derechos Humanos del Gobierno?
Ángel García Gómez: Mira, lo que pasa es que nosotros como derechos humanos hemos estado bien posicionados, dando resultados a sus peticiones de apoyo.
Los pobladores expusieron que, como autoridad municipal, Fernando Ochoa Vergara debe apegarse a lo que marca La Ley y actuar conforme a Derecho a fin de resguardar a quien pudiera ser victima de la comisión de algún delito, pero también de algún señalamiento que no tenga sustento, esto con el fin de no crear chivos expiatorios o que algún inocente resulte dañado.
Dijeron que, si bien la persona señalada del presunto delito pudiera tener responsabilidad, la autoridad municipal debe actuar de acuerdo con la Ley, pues se señaló que fue detenido sin una orden de aprehensión, y hasta que fue entregado a la Policía Ministerial (dos días después) es que se contó con una denuncia formal.
Mientras tanto en el municipio se vive una “tensa calma” pues se ha señalado también un abuso de autoridad en la detención del señalado, así como la trasgresión de sus Derechos Humanos -de los cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya cuenta con una queja- abuso que derivó en la quema de una patrulla municipal, por la cual se busca que los responsables rindan cuentas.
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