La Caja de Pandora / César Gaspar Cortés Zilli / Opinión

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Según la mitología griega, Prometeo entregó a los hombres el regalo del fuego, Zeus, furioso, ordenó la creación de una mujer llamada Pandora, a la cual los dioses le regalaron diversas virtudes entre ellas la curiosidad. Posteriormente la envió a la tierra para que se casara con Epimeteo, hermano de Prometeo y le obsequio una caja de oro que bajo ninguna circunstancia debía abrir; sin embargo, la curiosidad se apoderó de pandora quien desató los nudos de la caja y liberó los males, dolor y sufrimiento en la tierra, quedando únicamente en la caja la esperanza que no pudo escapar.

Hoy en día, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, parece que ha abierto la caja de pandora ante una batalla contra el Poder Judicial de la Federación. ¿Que sucedió? La Comisión Mexicana de Derechos Humanos promovió un amparo, en el cual aducía violación a los derechos humanos en razón del voto al no estar debidamente integrada la Sala Superior del TEPJF puesto que generaba incertidumbre, por lo que el Juez Noveno en materia administrativa con sede en la ciudad de México, Rodrigo de la Peza López, determinó como medida cautelar para su debida integración,  que el propio pleno de la Sala Superior determinara de manera análoga a su reglamento (ante faltas definitivas) la integración con magistrados de Salas Regionales.

La litis de esta batalla comenzó en la competencia del juez de distrito, el juzgador determinó que no había inferencia en la materia electoral, puesto que se trata de una cuestión orgánica, es decir, de la propia organización del tribunal, al tratarse de violaciones a los derechos humanos, todos los jueces están obligados a cumplir con la constitución y los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Por otra parte, los magistrados de la Sala Superior determinaron que el Juicio de amparo era improcedente al ordenar la integración de la sala superior ya que infería en un tema de competencia electoral.

Ante tal controversia, el Tribunal electoral no recurrió al recurso de queja o al recurso de revisión en el momento procesal oportuno, ante el superior jerárquico del juzgador, es decir, un Tribunal Colegiado para que este determinara su competencia; o una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que su comisión de disciplina o su pleno determinara si el juez actuó conforme a derecho; si existió negligencia de su parte; o si en su defecto se excedió en sus funciones. por lo contrario, optaron por denunciarlo penalmente ante la Fiscalía General de la República, pese al fuero que goza, o a la incompetencia del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para denunciarlo.

Aunado a lo anterior, la Secretaria de Gobernación solicitó a la Cámara de Diputados Juicio Político en contra del juzgador, la presidenta electa así como el Presidente de la República se pronunciaron en contra del citado togado, asegurando que sus resoluciones están cargadas de sesgos y excesos.

Ahora bien, el TEPJF se pronunció mediante un acuerdo evitando caer en un desacato judicial. Por otra parte, el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México revocó la suspensión provisional en la que el juez Rodrigo de la Peza ordenaba al Tribunal Electoral federal nombrar las suplencias de las magistraturas faltantes.

Posterior a ello, el presidente de la república en su conferencia mañanera, señaló que ya no era necesario el juicio político contra el juzgador “ya para qué…Es un plan con maña porque los dos que quieren poner son del bloque conservador, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal y, entonces, el Tribunal podría cancelar la elección”.

Ahora bien, para la calificación y validez de la elección presidencial, la ley exige que el pleno la Sala Superior del TEPJF sea integrado por lo menos con 6 magistrados, tomando en cuenta los criterios de antigüedad y experiencia. El pleno de dicho tribunal acordó en sesión privada, no llamar a una séptima magistratura, llamar a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho para que participe como la sexta integrante de ese colegiado, conforme el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que debía incorporarse para las impugnaciones de los cómputos.

Ante todas estas circunstancias, la independencia judicial prevista en el artículo 17 Constitucional se ve acotada ante la inferencia política, existe un trasfondo político, que es la mayoría calificada de la Cámara de Diputados a favor del partido político de Morena y partidos aliados.

Ahora bien, la magistrada invitada como ahora se le conoce, sólo podrá intervenir en la calificación de elección presidencial, no así en el tema de la sobre representación de los partidos políticos ganadores, lo cual, pudiese traer consecuencias irreversibles a la propia estructura del poder judicial y por supuesto a los ciudadanos que busquen justicia en un tribunal.

Este caballo de Troya, lejos de la procedencia o improcedencia de la denuncia penal interpuesta por la Sala superior del TEPJF, el golpe fue dado con contundencia, se abrió la caja de pandora, la receta está a la vista de todos, el árbitro, juez que no copere con los intereses políticos del grupo en el poder, será sancionado, perseguido, denunciado, y tendrá abierto un expediente para cuando se ofrezca apretarle las tuercas.

El Tribunal Electoral tuvo una victoria pírrica sobre el poder judicial, los magistrados que votaron a favor de la denuncia sirvieron al poder, como caballo de Troya, permitieron la inferencia del poder político al poder judicial, actuaron como cómplices de la persecución, dejaron en entre dicho su actuación como magistrados, y en descubierto una batalla, entre el poder judicial y el tribunal electoral.

La desproporcionada respuesta al juzgador que actuó en ejercicio de su profesión, ha sido muy alta y más de lo que se pudieron imaginar. Los jueces y juzgadores ahora estarán en manos del poder público y al que no se doblegué se le acosará, se le sancionará y castigará, la independencia judicial ha sido minada y quizás destruida.

César Gaspar Cortés Zilli

Abogado y Economista, egresado de la Universidad Veracruzana.

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