Efraín Hernández
A pesar de las promesas de cambio, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha sido incapaz de frenar la creciente ola de desapariciones en Veracruz, dejando a cientos de familias en la desesperación y sin justicia, mientras la corrupción y la incompetencia continúan reinando en las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.
En entrevista Cristal Castro, activista en defensa de los derechos de las familias buscadoras, enfatizó que las madres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos han llegado al límite de su paciencia. «Están cansados de la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, de la simulación en las investigaciones y de tener que exigir constantemente para obtener respuestas», explicó.
Dijo que a pesar que las autoridades publican imágenes y declaraciones que sugieren coordinación y trabajo, la realidad es que cuando se trata de dar resultados, la respuesta es nula, no hay empatía, coordinación, ni prevención.
Expresó que la negligencia y la corrupción caracterizaron al sexenio Cuitlahuista, y que los colectivos de búsqueda tienen la esperanza de que el nuevo gobierno sea más empático y verdaderamente escuche a las víctimas. Según Cristal Castro, no hay un solo familiar de una persona desaparecida que hable bien del gobierno de Cuitláhuac García, el cual está marcado por desapariciones forzadas, abusos de autoridad e inseguridad.
En este contexto, las madres y familias buscadoras exigen respuestas, verdad y justicia. «México creyó en el cambio, pero la realidad que enfrentaron al intentar dialogar con las autoridades, tanto del ámbito estatal como federal, fue de puertas cerradas, funcionarios públicos sin ética ni empatía, y una evidente falta de conocimiento en sus responsabilidades. Muchos puestos fueron ocupados por personas de confianza, pero sin la experiencia necesaria para afrontar la crisis de seguridad», acotó.
Señaló que la violencia en el país ha aumentado, al igual que el número de madres que buscan a sus seres queridos. En varias regiones de Veracruz, como Álamo, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz puerto, Boca del Río, Orizaba, Isla, Coatzacoalcos y Minatitlán, la desaparición de personas es una constante, con fosas clandestinas encontradas en lugares que alguna vez fueron casas de seguridad.
«Es crucial destinar más recursos a las áreas de procuración de justicia y seguridad, y capacitar al personal de la policía, fiscalía, servicios periciales, comisiones de búsqueda y de víctimas, así como de derechos humanos. La transformación que el país necesita debe incluir la coordinación entre todas las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y la impartición de justicia», refirió.
Puntualizó que no solo se trata de escuchar y apoyar a los colectivos y familias de desaparecidos, sino de demostrar compromiso con soluciones, respuestas, y acciones concretas. «Es necesario fortalecer el conocimiento de los servidores públicos, crear campañas de concientización, pero sobre todo, trabajar en la prevención de estos delitos», mencionó.
Abundo que la fiscalía ha mostrado deficiencias significativas, especialmente en la investigación, lo cual está directamente relacionado con la Secretaría de Seguridad Pública. «El reto es claro: se debe atacar y enfrentar la delincuencia y la corrupción, en lugar de conformarse con estadísticas deshumanizantes que minimizan la gravedad de la situación. A pesar de las promesas de cambio, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha sido incapaz de frenar la creciente ola de desapariciones en Veracruz, dejando a cientos de familias en la desesperación y sin justicia, mientras la corrupción y la incompetencia continúan reinando en las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia», finalizó.
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