Por: Silvia Núñez Hernández
Sábado, 07 Septiembre 2024.-Es crucial que todos escuchen y compartan este mensaje. Mexicano, tú que defiendes la reforma al Poder Judicial y crees que a Andrés Manuel López Obrador realmente le interesa combatir la impunidad, reflexiona. Detrás de su discurso, lo que realmente busca es dejarte como ciudadano en un estado de indefensión para poder apropiarse de lo que has logrado con tanto esfuerzo: tu patrimonio.
Esta reforma no es una cuestión de justicia, sino un ataque directo a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho.
El artículo 49 de la Constitución mexicana garantiza la división de poderes y protege a los ciudadanos de los abusos del poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo, al debilitar la autonomía del Poder Judicial, el gobierno de López Obrador viola este principio fundamental, que se basa en la no subordinación de un poder sobre otro. No solo eso, sino que vulnera los derechos humanos protegidos en tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica.
Este intento de concentración de poder no solo amenaza con desmantelar las instituciones que protegen nuestros derechos, sino que deja al ciudadano común desprotegido y expuesto a los caprichos de un régimen que se consolida a costa de nuestras libertades y nuestro patrimonio. No es casualidad que la reforma excluya del debate a las fiscalías y ministerios públicos, donde se originan y perpetúan la corrupción y la impunidad.
Es en estas instituciones, bajo el control directo del ejecutivo tanto a nivel federal como estatal, donde se manipula la justicia. Al no permitir que el Poder Judicial sea quien nombre a sus titulares, el gobierno impone su dominio en el proceso judicial desde su raíz. Esto no solo vulnera la autonomía judicial, sino que pone a las instituciones de justicia al servicio de quienes comenten actos de corrupción, perpetuando el ciclo de impunidad que esta reforma supuestamente pretende combatir.
Lo más preocupante es que esta supuesta lucha contra la impunidad es, en realidad, una cortina de humo diseñada para ocultar la realidad: el verdadero objetivo de esta reforma es desmantelar las barreras que protegen a los ciudadanos de los abusos del poder. Al dejar intactas las fiscalías y ministerios públicos, el gobierno asegura que la corrupción siga fluyendo sin obstáculos, manteniendo el control absoluto sobre la administración de justicia.
Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿por qué tantas denuncias en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador no han sido activadas? ¿Por qué las 36 denuncias penales contra Rocío Nahle, una zacatecana que ahora se declara gobernadora electa, han sido ignoradas? La respuesta es simple: la impunidad que tanto disfrutan los protege y ampara. Estas denuncias deberían haberle impedido siquiera participar en la contienda electoral, pero pisoteando la ley y la Constitución, no solo lo hizo, sino que ahora se proclama virtual gobernadora, burlándose de la justicia y la voluntad del pueblo.
Si permitimos que la justicia quede en manos de un poder absoluto, ¿quién defenderá al ciudadano cuando el Estado decida actuar en su contra? La concentración de poder nunca ha beneficiado a la ciudadanía, y hoy más que nunca, es necesario que todos y todas hagamos conciencia. De lo contrario, no solo perderemos nuestra libertad y nuestro patrimonio, sino también nuestra dignidad como nación.
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