Por: Silvia Núñez Hernández
La toma de protesta de Claudia Sheinbaum, un evento que debía consagrar el comienzo de su mandato presidencial, se verá empañada por una alarmante falta de apoyo internacional. De los 228 Jefes de Estado, Primeros Ministros, Reyes o Reinas que recibieron invitación, solo 16 han confirmado su asistencia, representando apenas un 8% de participación. Este bajo número de líderes presentes refleja un profundo distanciamiento entre México y la comunidad internacional, un hecho que despierta serias preocupaciones sobre el aislamiento diplomático en el que podría estar cayendo el país bajo la nueva administración.
Las ausencias son notoriamente significativas: ningún jefe de Estado de Europa, Asia, África u Oceanía estará presente. Tampoco acudirán los mandatarios de Estados Unidos ni de Canadá, países aliados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, líderes de Israel y de las principales naciones islámicas también han declinado la invitación, lo que subraya el creciente rechazo global hacia la figura de Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La negativa de la mayoría de los líderes mundiales a asistir a este evento sugiere una falta de legitimidad percibida en el gobierno entrante. Críticos nacionales e internacionales acusan a AMLO de orquestar una imposición política, utilizando un proceso electoral afectado por la intervención de la delincuencia organizada. El narco-gobierno, que ha salido a la luz en varias regiones del país, plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral y ha afectado la imagen de México en el exterior.
Sospechas sobre el proceso electoral
El supuesto fraude electoral es una mancha que persigue a Sheinbaum desde el inicio de su campaña. Informes recientes indican que los cárteles del narcotráfico desempeñaron un papel significativo en la influencia de la elección, controlando territorios y amenazando la libre participación ciudadana en varias zonas. El nivel de colusión entre las fuerzas criminales y el aparato político de AMLO ha generado un creciente descontento entre la ciudadanía y una negativa tajante de parte de los líderes internacionales a validar con su presencia el resultado de los comicios.
Este vacío diplomático no solo refleja la desaprobación global, sino también el rechazo de amplios sectores del pueblo mexicano, que denuncian la elección como un fraude y han comenzado a desconocer el nuevo gobierno. La espuria, como algunos llaman a Sheinbaum, enfrenta una crisis de legitimidad antes incluso de asumir el cargo.
Corrupción y perpetuación de un narco-gobierno
El descontento generalizado se ve agravado por las múltiples acusaciones de corrupción que rodean a AMLO y su entorno. El influyentismo y el amiguismo siguen presentes en su círculo íntimo, incluyendo a sus hijos, quienes han sido vinculados a varios escándalos de tráfico de influencias y contratos millonarios. La percepción de que Sheinbaum perpetuará este esquema de corrupción es uno de los factores que ha alejado a los líderes internacionales de su toma de protesta.
Este aislamiento es preocupante, ya que proyecta un escenario desolador en el que México podría quedar aún más marginado en la esfera global bajo la nueva administración. Sheinbaum, en lugar de representar una transformación, parece estar consolidando un modelo de gobierno marcado por la corrupción y la colusión con el crimen organizado, lo que muchos llaman el «segundo piso» del modelo de corrupción iniciado por AMLO.
Las señales son inequívocas: los líderes internacionales no quieren avalar lo que consideran una imposición ni ser testigos de una posible infamia cometida contra el pueblo mexicano.
El colmo de imponer a Zaldívar como Fiscal General de la República
El reciente intento de designar a Arturo Zaldívar como Fiscal General de la República ha generado un amplio rechazo y serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en México. Como expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Zaldívar ha sido criticado por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que ha provocado que muchos lo vean como un traidor a los principios fundamentales de la justicia. Su designación en este cargo clave consolidaría la percepción de que la justicia mexicana está siendo subordinada al poder ejecutivo.
Durante su mandato en la SCJN, Zaldívar enfrentó críticas por su disposición a alinearse con las políticas del gobierno de AMLO, particularmente en decisiones que involucraban al Poder Judicial. Uno de los episodios más polémicos fue la propuesta de AMLO para extender su mandato como presidente de la SCJN, lo que habría representado una grave violación de la independencia judicial. Aunque la medida fue finalmente rechazada, el simple hecho de considerarla mostró el nivel de influencia que AMLO tenía sobre Zaldívar.
Una figura dócil en un puesto clave
La posible designación de Zaldívar como Fiscal General representaría un golpe contundente a la independencia del Ministerio Público, que necesita ser una entidad libre de presiones políticas. La imparcialidad es un requisito indispensable en un Fiscal General, pero las dudas sobre Zaldívar y su relación con el poder ejecutivo generan temor de que su nombramiento convierta al sistema de justicia en un instrumento político más, utilizado para proteger los intereses del gobierno y perseguir a sus críticos.
Zaldívar, quien en su momento fue visto como un defensor de los derechos humanos, ha sido acusado de contradicciones en su actuar. Sus decisiones, cada vez más alineadas con los intereses de la Cuarta Transformación, lo han convertido en un personaje señalado por su docilidad y su disposición a servir a los intereses de AMLO. Esta percepción ha generado inquietud sobre las posibles consecuencias de su liderazgo en la Fiscalía General .
Riesgo de centralización y pérdida de contrapesos
El nombramiento de Zaldívar como Fiscal General sería el colmo de una estrategia para centralizar el poder en el país, dejando al sistema de justicia completamente vulnerable ante el control presidencial. Esta maniobra consolidaría la estructura de mpunidad en el país, permitiendo que la corrupción continúe sin frenos ni obstáculos.
El peligro es claro: un Poder Judicial subordinado a los intereses de un narco-gobierno elimina cualquier esperanza de transparencia o rendición de cuentas. Con Zaldívar como Fiscal, México estaría dando un paso más hacia un sistema autoritario y controlado por los mismos actores que han sido acusados de fraude, corrupción y vínculos con el crimen organizado.
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