CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras casi nueves horas de debate, el pleno del Senado aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como «una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional«. A una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato, los legisladores de Morena avalaron la medida que ha sido cuestionada por el riesgo de militarización en el país.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes propuestas en febrero por el mandatario, que incluyó la reforma judicial que aprobó hace dos semanas la mayoría oficialista del Congreso con el respaldo de sus aliados en medio de protestas de jueces y empleados judiciales.
Con esto, la Guardia Nacional dependerá de la Sedena, formará parte de la Fuerzas Armadas y tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia y hará la transferencia de recursos presupuestarios y financieros de la GN a la Sedena, para cubrir el pago por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza.
En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez; y 42 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
En lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano registraron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, las cuales se integrarán al Diario de los Debates, pero no fueron aceptadas por la asamblea.
De esta forma, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, por lo que, en punto de las seis de la mañana con 29 minutos, la reforma constitucional fue aprobada en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales.
Defensa y condena
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.
En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.
Por Morena, Omar García Harfuch destacó que ante las condiciones de algunas comunidades -que no cuentan con policías suficientes-, y el poder de fuego de la delincuencia organizada, se requiere forzosamente a la Guardia Nacional para lograr la pacificación del país. Un retroceso en la consolidación de esta institución -advirtió-, implicaría empezar de cero en la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad.
Voces en contra
Desde hace varios años López Obrador se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional, su gran apuesta para hacer frente a la criminalidad en el país, esté manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que se corrompa, lo que asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.
Cuando creó el cuerpo en 2019, tenía una opinión diferente y lo dejó en manos de la Secretaría de Seguridad.
Para algunos analistas, la reforma, que prevé que la Guardia Nacional esté integrada en su totalidad por “personal militar con formación policial”, formalizará la presencia de los uniformados en el cuerpo, puesto que en la actualidad más del 80% de sus 130 mil miembros provienen del Ejército y la Marina.
Las fuerzas armadas mexicanas han cumplido desde 2006 un papel clave para mantener la seguridad en las calles, que se reforzó durante el sexenio de López Obrador, quien entregó a los militares numerosas tareas, proyectos claves y presupuestos que antes eran manejados por civiles.
Pese al protagonismo de los militares en las labores de seguridad pública, la violencia no se ha contenido. La reforma también cuenta con el respaldo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Expertos de la ONU mostraron en un comunicado el martes sus objeciones a la iniciativa, apuntando que el traslado de la Guardia Nacional al ejército puede “aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
A las críticas se sumaron también Amnistía Internacional y organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que expresó que la reforma “será un paso sin retorno hacia la militarización” y eliminará la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sea de carácter civil.
El Centro Prodh mostró su preocupación por la ausencia de controles civiles externos y extraordinarios de la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, como acordó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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