Belen Hernández/ Desde los juzgados
De no ser porque los abogados de Manuel Rodríguez Fernández mandaron a filtrar nota en diversos medios de comunicación hasta sin fuente, habría pasado desapercibido que la justicia de Veracruz sigue sin resolver el caso de la denuncia de Joaquiín Rodríguez Fernández que desde hace 3 años lleva contra su hermano y sus sobrinas, sin que haya poder humano, que haya logrado que sus parientes pisen la cárcel tras una acusación de presunto fraude superior a 30 millones de pesos.
Hace aproximadamente 1 año, el empresario Joaquín Rodríguez Fernández pidió al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez su intervención para que se revise la actuación de la jueza Patricia Armas Márquez a quien acusa de haber pactó impunidad en contra de su hermano el empresario Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia e Isabel Rodríguez Valcárcel, quienes presuntamente, le defraudaron por aproximadamente 30 millones de pesos.
Este caso llamó atención porque el empresario ofreció rueda de prensa para denunciar que pese a que existe una denuncia la número VER/ DXVII/F8/ 5554/2022 y un juez ya dictó orden de aprehensión en el proceso penal 97/2023, su hermano y sus abogados, pactaron impunidad con la citada jueza con la que se reunieron el pasado mes de Mayo de este año para evitar que fuesen detenidos.
Dijo que es víctima de fraude y falsificación por mas de 30 millones de pesos y millonario legado por herencia familiar en el extranjero cometidos por Manuel su hermano y sus sobrinas, hijas de su hermano.
Apuntó: » El único objetivo de apoyar a Celia Rodríguez Valcárcel es porque tiene un capricho jurídico previamente acordado mediente recursos economicos faltando a los principios de imparcialidad, objetiva y subjetiva en virtud de que prefieren pagar para evitar enfrentar la ley y desgraciadamente vemos lo que está pasando aquí».
Dijo que este caso ya lo denunció ante la oficina del gobernador del estado pues pese a que existen ordenes de aprehensión, no se han ejecutado debido a los acuerdos que sus parientes traen con jueces y autoridades de la Procuración de Justicia.
La citada jueza dijo, incurre en un incumplimiento de un deber legal encubrimiento por favorecimiento, prevaricación equiparada, delitos contra la administración de justicia y los que resulten.
Agregó que ya interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado y otra contra la jueza Patricia Armas Márquez ante la Fiscalia Especializada contra la corrupción.
También dijo que llevará el caso a medios de comunicación nacional si las autoridades de Administración y Procuración de Justicia de Veracruz, no actúan en apego irrestricto a la ley.
Pese a que tiene mas de 1 año denunciando, no ha recibido justicia y sus parientes, están litigando el caso en medios de comunicación y siguen soltando recursos para que NO HAYA justicia.
También llama atención porque apenas el 12 de Septiembre de este año tuvo lugar en el Centro Integral de Justicia de Veracruz una larga audiencia a la que fueron citados Manuel Fernández y sus dos hijas. La jueza Ana Xitlali García Espinoza, determinó que cada uno de los citados deberá presentarse a firmar a la Unidad Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares que maneja la Secretaría de Seguridad Pública y les fijó una fianza de 300 mil pesos a cada uno de los acusados.
Esto significa que Manuel Fernández y sus hijas están imputados, pero NO fueron detenidos, y el quejoso se pregunta cómo es posible que hayan sido imputados sin que hayan pisado la cárcel. Y la respuesta dice que probablemente porque sus parientes siguen repartiendo dinero a diestra y siniestra para poder seguir evadiendo la justicia.
Los 3 tienen doble nacionadlidad mexicana y española y esas medidas cautelares que les dijó la citada jueza, dijo, les servirá para que puedan evadir la justicia e irse al extranjero. Hasta ahora, los presuntos acusados, y sus abogados prefieren litigar el caso a través de la filtración de notas donde según ellos, se filtró información que les afecta.
Resulta muy raro que Manuel Rodríguez y sus hijas, desconozcan por completo como se manejan los medios de comunicación y lo que es peor que deben estar gastando muchos millones comprando a ministerios y jueces cuando lo UNICO que deben hacer es pagar los 30 millones de pesos que les son reclamados por el tío, llegar a un acuerdo de reparación de daño que sin lugar a dudas, creemos que se daría pues son familia y seguramente que se pueden entender.
Así las cosas, este caso debe muy mal parada a la fiscalía de Justicia de Veracruz y al Tribunal Superior de Justicia del Estado pues está claro que los jueces si han inclinado la balanza hacia quien aporta buenas sumas para que NO SE OFREZCA JUSTICIA. Estan acusador de quredarse con 30 millones de pesos, y siguen en libertad, como si nada. SI fuera una persona que robó un pollo para comer en Chedraui ya lo hubiesen detenido y dictado hasta 10 años de sentencia. Así se las gasta la justicia en Veracruz.
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