Cuitláhuac García y sus cómplices crearon 227 empresas fantasmas y desviaron 5 mil millones de pesos de recursos públicos de Veracruz

CDMX.- El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, al que Claudia Sheinbaum quiere hacer funcionario federal,. enfrenta serias acusaciones de corrupción por el desvió de más de 5 mil millones de pesos mediante un esquema de 227 empresas fantasma, afectando sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo social.

La administración veracruzana creó una compleja red de corrupción donde hasta el 80 por ciento de los contratos públicos habrían sido canalizados hacia un grupo selecto de empresas ficticias, muchas de las cuales operan con domicilios en casas particulares en colonias populares.

Entre las empresas investigadas figuran nombres como Dimaq de Xalapa SA de CV; Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV; Aguas Minerales de los Tuxtlas SA de CV; Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV, y Phono & Medical SA de CV, las cuales comparten la característica de tener direcciones fiscales en domicilios particulares, estas compañías, según los informes, fueron creadas en su mayoría entre 2019 y 2022, período que coincide con la administración de García Jiménez al entrar al poder en la administración veracruzana.

*Casa que refiere el domicilio fiscal de la Abastecedora de
Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV.

A través de una complicada ingeniería contable, la administración de Cuitláhuac García se estructura mediante la creación de empresas “fachada” que permiten redirigir contratos sin controles efectivos, empleando prestanombres y beneficiarios de programas sociales como representantes legales, lo que hace difícil de rastrear, facilitando la triangulación de recursos y su envío de las áreas que más los necesitan, como hospitales, infraestructura y escuelas.

De las 227 empresas fantasma detectadas, un total de 52 han sido utilizadas por la Secretaría de Salud, siendo esta dependencia la principal fuente de adjudicaciones para las empresas investigadas. Según el diputado Ramírez Marín, cinco empresas controlan el 80 por ciento de los contratos en salud, concentrándose cerca de cinco mil millones de pesos.

Este monto, que debía destinarse a mejorar la infraestructura hospitalaria y atender necesidades emergentes, fue desviado sin evidencia de que los bienes y servicios pactados hayan sido entregados.

DESTACA CASO DE PROFESORA QUE RECIBIÓ CONTRATOS POR 100 MDP

Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la administración de Cuitlahuac García Jimenez, es el de Araly Rodríguez Vez, una profesora de secundaria en Poza Rica que, sin contar con antecedentes en el sector de proveeduría, recibió contratos que suman más de 100 millones de pesos.

A decir del diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, la profesora de secundaría puede ser una pieza más de la estructura creada para el desvió de recursos públicos qué hasta el momento no han sido aclarados.

Resulta que una maestra que ganaba 7 mil pesos, le entregaron contratos por 100 millones de pesos de pesos, 60 en la Secretaría de Salud, 40 de la secretaría de Seguridad Pública, en una vende uniformes, en otra, vendía implementos, batas, implementos para para doctores y adicionalmente vendió despensas”.

A través de diversas adjudicaciones directas, Rodríguez Vez fue beneficiada con contratos que incluían desde la venta de uniformes hasta equipos médicos y despensas, a pesar de que sus ingresos como maestra apenas ascendían a 9 mil pesos mensuales.

De acuerdo con los datos revelados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la Secretaría de Salud le otorgó contratos por más de 60 millones de pesos mediante 31 adjudicaciones, los cuales incluían la compra de insumos para la emergencia sanitaria de COVID-19, equipo médico, y otros artículos. Estos contratos adicionales suman al menos 2.5 millones de pesos en adquisiciones de sillas de ruedas y carriolas pediátricas como parte del programa de apoyos funcionales.

El Orfis también detectó que Rodríguez registró su actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) siete días después de haber firmado un contrato con los Servicios de Salud de Veracruz, también está inscrita en el padrón de proveedores del DIF estatal y del Poder Judicial de Veracruz, además de los ayuntamientos de Emiliano Zapata y Perote.

EXIGEN AUDITORÍA

Ante las crecientes pruebas del desvío, legisladores y organizaciones civiles han exigido una auditoría independiente a la administración de Cuitláhuac García, además de acciones legales contra los funcionarios y empresarios implicados.

En su momento Ramírez Marín hizo un llamado al Orfis ya la Fiscalía General del Estado para que inicien investigaciones formales y transparentes que lleven a sanciones administrativas y penales para los funcionarios e involucrados en esta red complicada de desvió de recursos del erario veracruzano.

En específico, la secretaría de salud tiene 52 empresas fachadas en total, nosotros hemos identificado 227 empresas fantasmas, por poner un ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, solo 5 empresas controlan el 80 por ciento del total de los contratos asignados en materia de salud, que más o menos engloban un poco más o menos 5 mil millones de pesos en lo que va de la administración”.

El desvío de recursos en Veracruz ocurre en un contexto de alta demanda de servicios sociales y de salud, donde la falta de recursos ha afectado gravemente a hospitales, escuelas y programas de desarrollo; mientras tanto, la administración estatal enfrenta un fuerte escrutinio público y la exigencia de rendir cuentas, en un escándalo que no solo involucra corrupción administrativa sino que también pone en evidencia la falta de controles y transparencia en el manejo de recursos en la administración de Cuitláhuac García Jiménez

PIDEN INFORMACIÓN DE 52 COMPAÑÍAS FACHADA

El diputado local Marlon Ramírez Marín llamó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a la Fiscalía General de la entidad para que inicien investigaciones formales y transparentes contra esas empresas que, en un oficio, enlistó.

Hasta ahora, pese a que las denuncias se presentaron en tiempo y forma, las autoridades responsables de la Fiscalización de Recursos en el estado de Veracruz no han querido investigar nada.

Se espera que la gobernadora electa Rocío Nahle demuestre voluntad política para presentar las denuncias correspondientes y sin importar que Cuitláhuac y sus complices son sus compañeros de Partido, se vaya al fondo con las investigaciones y se proceda con las denuncias. Veracruz ya ha sido saqueado muchas veces y solo hay un ex gobernador detenido.

¿Hasta cuándo?-