Por: Jeremías Trejo González.
La impunidad se pasea con descaro por las calles de Coatzacoalcos, Veracruz. No hablamos de un fantasma etéreo, sino de una figura tangible, con nombre y apellido: Raquel Balderas, alias «La Güera». Sus acciones, lejos de ser un secreto a voces, son un clamor público que resuena con la preocupante inacción de las autoridades.
Balderas, ex empleada del ayuntamiento de Coatzacoalcos, se ha convertido en una especie de terrateniente informal, invadiendo propiedades con la audacia de quien se siente intocable. Su modus operandi es simple, pero efectivo: invadir terrenos, amenazar a quienes se oponen, y respaldarse en una red de complicidades que parece extenderse hasta los más altos niveles del poder.
La denuncia interpuesta por Alejandro Gutiérrez, en representación de Raúl Bringas Burelo (carpeta de investigación 494/2024), es solo la punta del iceberg. El caso del terreno de Antonio Romero Gleason, ubicado en el prestigioso malecón costero, es un ejemplo más de la impunidad con la que opera. La amenaza constante del CJNG, que Balderas invoca como escudo protector, añade una capa de terror a sus fechorías.
Pero la verdadera pregunta que flota en el aire es: ¿cómo es posible que una persona, con un historial de invasiones y amenazas, se mueva con total impunidad, incluso portando armas y acompañada de gente armada? La respuesta, lamentablemente, apunta hacia una red de protección que parece extenderse hasta la propia gobernadora, Rocío Nahle García. Las acusaciones de que Balderas goza de la protección de la gobernadora, así como de diversas corporaciones –obras públicas, ayuntamiento, policía municipal, estatal y ministerial– son demasiado graves como para ser ignoradas.
La imagen de «La Güera» paseándose en su camioneta Trax blanca, placas YTE-200-A, es la imagen misma de la impunidad. Es la imagen de un sistema corrupto que permite que la ley se aplique selectivamente, beneficiando a unos pocos mientras la mayoría sufre las consecuencias. Es la imagen de una gobernadora cuyo silencio, en este caso, habla volúmenes.
La sociedad de Coatzacoalcos merece respuestas, no silencios. Merece justicia, no impunidad. La investigación de estos casos no debe limitarse a las acciones de Raquel Balderas, sino que debe profundizar en la red de complicidades que le permite operar con tanta impunidad. La gobernadora Rocío Nahle García tiene la obligación moral y legal de aclarar su supuesta relación con Balderas y de garantizar que se haga justicia. El silencio ante la corrupción es complicidad, y la complicidad en este caso es un crimen contra la sociedad veracruzana. El pueblo exige una respuesta contundente y acciones concretas para erradicar esta impunidad flagrante que empaña la imagen de Coatzacoalcos y de todo Veracruz.
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