• Propone Diego Castañeda Aburto reformar los artículos 57, 59 y 62 de la Constitución Política local
Xalapa, Ver., 08 de enero de 2025.-La iniciativa que presentó el diputado local de Morena, Diego Castañeda Aburto, el pasado 27 de noviembre de 2024 es una iniciativa para reformar la Constitución de Veracruz con el objetivo de modificar el proceso de designación, remoción y duración en el cargo del Fiscal General del Estado se discutirá en otro momento legislativo; sin embargo aclaró que continúa vigente dicha propuesta por su importancia; ya que indica en la sesión de este sábado lo que se va a llevar al pleno es la Reforma al Poder Judicial y analizarán el plan de cómo se elegirá a la persona que ocupe la titularidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En este momento el periodo de gestión del Fiscal General es de nueve años, pero la propuesta busca reducirlo a cuatro años con la posibilidad de reelección tras una evaluación de desempeño. Castañeda Aburto también plantea cambios al procedimiento de designación y establece mecanismos para la remoción del titular de la Fiscalía por causas graves, según lo estipule la ley, describe en la iniciativa.
Dicha propuesta de iniciativa incluye devolver al titular del Poder Ejecutivo estatal una mayor participación en el proceso de selección, valoración y remoción del Fiscal General, en colaboración con el Congreso del Estado.
De acuerdo a esta propuesta, la persona titular del Ejecutivo contará con cinco días naturales para emitir una opinión razonada sobre la idoneidad de la propuesta de ratificación del Fiscal. Asimismo, la posibilidad de remover al Fiscal quedará sujeta a la objeción del Congreso en un plazo de 10 días; si no se emite respuesta, se considerará aprobada, establece entre otros puntos.
En tanto durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria del primer año de labores, se dio el trámite respectivo a una iniciativa por la que el diputado Diego Castañeda Aburto propone la actualización de diversas disposiciones de la Constitución Política del estado en cuanto a la reconfiguración y el funcionamiento de las entidades que conformarán el Poder Judicial.
El texto refiere la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, en la que “destaca el espíritu democrático de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, donde cada órgano creado y existente tenga sus propias presidencias, de modo que no exista intervención de las y los servidores públicos que las representen dentro de un órgano diverso al que pertenezcan”. Esto, “en aras de salvaguardar los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia, legalidad y demás inherentes al servicio público”.
En virtud de lo anterior, el legislador propone que las presidencias del Tribunal Superior de Justicia y del Órgano de Administración Judicial no sean ocupadas por la misma persona y, para fortalecer el Tribunal de Disciplina Judicial, se integre por cinco magistraturas, en lugar de tres, lo que –considera el proponente- permitirá una mayor pluralidad de opinión.
Observa además que la presidencia de dicho tribunal se equipara a tres años con la del Tribunal Superior de Justicia y el Órgano de Administración Judicial. Ante lo cual, plantea la homologación de la fecha en la que se debe celebrar la primera sesión de la autoridad administrativa electoral local, para que tenga coincidencia con el desarrollo integral del proceso, y modificar disposiciones transitorias del decreto de diciembre pasado que se encuentran relacionadas con las porciones normativas sustantivas reformadas.
La Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 57 párrafo segundo, 59 párrafo sexto y 62 párrafo tercero, cuarto, decimonoveno y vigésimo de la Constitución Política del estado fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
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