Por: Jeremías Trejo González.
Veracruz, Ver. – Una carta anónima, firmada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, revela una crítica situación laboral que exige la inmediata intervención de la Gobernadora Rocío Nahle García. Los empleados denuncian la negación sistemática de sus derechos laborales básicos, incluyendo descansos, vacaciones y permisos, bajo la gestión de la Fiscal General, Verónica Hernández Giadans, y la Contadora Yadira Arroniz Sánchez.
La misiva describe un ambiente de trabajo opresivo donde las solicitudes de permisos, amparadas por la ley, son recibidas con resentimiento y utilizadas como herramienta de control. Si bien se reconoce la necesidad de un servicio ininterrumpido, la carta enfatiza la inhumana exigencia de jornadas extenuantes sin descanso, afectando gravemente la vida familiar y personal de los empleados. Se argumenta que, a pesar de los mejores salarios, – supuestamente un argumento para justificar la sobrecarga laboral – el recurso proviene de la propia Fiscalía, no de los bolsillos de la Fiscal General o su equipo.
La denuncia se extiende a diferentes áreas de la institución. Mientras que en Periciales se percibe un poco más de consideración, en la Policía Ministerial la situación es calificada como «pésima». El Director Samuel López Leza, a pesar de presumir una gestión eficiente, es acusado de negar vacaciones a los elementos, incluso regresándolos al trabajo pocos días después de haberlas concedido. Se destaca la hipocresía de que López Leza y la Fiscal General disfruten de vacaciones en el extranjero mientras sus subordinados son explotados.
El punto más grave de la denuncia gira en torno a la desaparición de un costoso aparato de espionaje, propiedad de la Fiscalía, prestado por Seguridad Pública. Este equipo, cuyo costo asciende a millones de pesos, y cuyas actualizaciones cuestan más de 3 millones de pesos cada una, ha desaparecido, mientras la Fiscalía continúa pagando por su mantenimiento. Se señala directamente a Erick Cisneros («Bola 8») como el poseedor del aparato, con el conocimiento de la Fiscal General. Aunque los denunciantes afirman que no les interesa el uso del aparato, su desaparición y el consecuente abuso laboral los afecta directamente.
La carta concluye con un desesperado llamado a la Gobernadora Nahle García para que intervenga y ponga orden en la Fiscalía. Se resalta que la situación se ha denunciado anteriormente, sin obtener respuesta. Los empleados, cansados de la corrupción y el abuso, reclaman la dignificación de la institución y la remoción de los responsables de esta situación, enfatizando que dentro de la Fiscalía también hay «gente buena y valiosa».
Llamado a la acción: La gravedad de las acusaciones presentadas en esta carta exige una investigación exhaustiva y transparente por parte de la Gobernadora. El abuso laboral, la corrupción, y la posible implicación de altos funcionarios en actividades ilegales no pueden ser ignoradas.
Es imperativo que la Gobernadora Rocío Nahle García actúe con firmeza para proteger los derechos de los empleados de la Fiscalía y restaurar la integridad de esta importante institución. El pueblo de Veracruz merece una Fiscalía General que funcione con justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos. El silencio ante estas denuncias sería una grave omisión.
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