Por: Isaac Martínez Pérez
La renuncia de Grace Mendoza Chesty, tesorera municipal de Coatzacoalcos, y de su hermano Carlos, secretario de Desarrollo Económico, destapa una cloaca de corrupción que infecta las entrañas del ayuntamiento. No se trata de una simple discrepancia política interna en Morena, sino de un esquema de desvío de recursos públicos a gran escala, que exige la intervención inmediata y contundente de la gobernadora Rocío Nahle García. Y en el centro de esta red de corrupción se encuentra el propio alcalde, Amado Cruz Malpica, quien debe ser auditado exhaustivamente y, de ser necesario, llevarlo ante la justicia para que responda por todos los delitos que le resulten.
La evidencia, expuesta en informes periodísticos como Informe Rojo y corroborada por las denuncias de la síndica municipal, Ana Bertha Hernández Aguilar, es abrumadora. Grace Mendoza Chesty, durante su gestión, no solo toleró, sino que facilitó pagos irregulares por obras inexistentes o inconclusas. El desvío de recursos federales, la opacidad en los gastos, y el dispendio en erogaciones menores, son solo la punta del iceberg. El escandaloso uso de fondos públicos para gastos personales del alcalde y su familia, incluyendo el pago de una cirugía de rodilla y la renta de un departamento de lujo en Villahermosa, Tabasco, son ejemplos innegables de este abuso de poder.
La complicidad de Carlos Mendoza Chesty es igualmente grave. Su responsabilidad en la contratación amañada de eventos y servicios, favoreciendo a allegados del alcalde y del exsecretario Samuel Ordaz Ortega (destituido por la misma Nahle por sus vínculos con Sergio Gutiérrez Luna), completa el cuadro de una red de corrupción organizada y profundamente arraigada. Pero la responsabilidad no se limita a los hermanos Mendoza. El alcalde Amado Cruz Malpica, como máxima autoridad del ayuntamiento, no puede eludir su responsabilidad en este entramado de corrupción. Su silencio cómplice, o peor aún, su activa participación en este esquema, lo convierten en un actor principal en este escándalo.
La negativa de la síndica Ana Bertha Hernández Aguilar a firmar los estados financieros, por las irregularidades detectadas, es un acto de valentía cívica que merece todo el apoyo. Su denuncia de pagos indebidos a constructoras por obras inconclusas, la falta de transparencia en los contratos y la adjudicación arbitraria de obras, expone la gravedad de la situación. El caso del pago de casi 2 millones de pesos a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, por obras que nunca se realizaron, es un ejemplo flagrante de este despilfarro de recursos públicos.
La renuncia de los hermanos Mendoza Chesty es una maniobra desesperada para intentar eludir las consecuencias de sus actos. Su repentino acercamiento a Pedro Miguel Rosaldo García, del equipo de Nahle, no debe confundirnos. No se trata de un cambio de bando, sino de una estrategia de supervivencia política.
La gobernadora Nahle García no puede permanecer impasible ante esta situación. La corrupción en Coatzacoalcos no solo afecta a los ciudadanos, sino que también empaña la imagen de su gobierno. Es imperativo que se ordene una investigación exhaustiva e imparcial, que incluya una auditoría completa de la gestión del alcalde Amado Cruz Malpica, para deslindar responsabilidades. Los responsables, incluyendo al alcalde si se comprueba su participación, deben ser llevados ante la justicia y los fondos desviados deben ser recuperados. La impunidad solo fomenta la corrupción. La cárcel para los funcionarios corruptos de Coatzacoalcos, incluyendo al alcalde si se demuestra su culpabilidad, no es una opción, es una necesidad urgente. El pueblo de Veracruz exige justicia y transparencia. La intervención de la gobernadora es crucial, no solo para limpiar la imagen de su gobierno, sino para demostrar que la Cuarta Transformación no es solo un discurso, sino una realidad.
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