Por: Dra. Blanca Margarita Cruz Badillo
En los últimos días, ha resurgido el debate en torno al uso del colorante rojo número 3 (eritrosina o E-127) en productos alimenticios en México. Este aditivo químico, ampliamente empleado para dar un llamativo color a diversos alimentos como son helados, bebidas saborizadas y dulces, ha sido prohibido recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) debido a su potencial cancerígeno demostrado en estudios con animales. Sin embargo, en nuestro país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) permite su uso bajo ciertos límites. Esto plantea serias preguntas sobre la seguridad alimentaria y la protección de la población mexicana.
La EP-127 o eritrosina no es un ingrediente indispensable de uso humano, pero su uso responde a estrategias de marketing que buscan atraer la atención de los consumidores, especialmente de niños y niñas. Este grupo poblacional, junto con personas que consumen regularmente productos ultraprocesados, podría estar expuesto a riesgos acumulativos.
Aunque las normativas internacionales, como las del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalan su seguridad dentro de ciertos límites, la evidencia científica reciente exige un replanteamiento.
La prohibición por parte de la FDA pone sobre la mesa una cuestión crucial: ¿por qué la regulación sanitaria mexicana no adopta medidas similares? En un contexto donde la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación son prevalentes, deberíamos ser más exigentes con los estándares que protegen la salud pública en nuestro país.
Los consumidores también tienen un papel protagónico. Leer el etiquetado frontal de alimentos y optar por productos más naturales es una forma de ejercer nuestro derecho a elegir lo que consumimos. No obstante, la responsabilidad principal recae en las autoridades y las empresas. Transparencia, regulaciones alineadas con los avances científicos y educación para el consumidor deben ser prioridad.
¿Es aceptable esperar hasta que un riesgo sea inminente para actuar? Proteger la salud de los mexicanos no es opcional. Este es el momento de cuestionar nuestras políticas y de exigir un cambio que ponga en el centro a las personas y no a los intereses comerciales.
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