Nicolás Cruz Hernández
Xalapa, Ver., 08 febrero 2025.- El director del Organismo Cuenca Golfo Centro de Conagua, que nuestro país actualmente vive al acecho de intereses desproporcionados que buscan acabar con nuestros recursos. Así como el cambio climático, consecuencia de una voracidad lucrativa que quiere hacer del agua un negocio.
Advirtió que la privatización nos ha llevado a tener un rezago importante que nos prolonga el garantizar el Derecho Humano al agua, por lo que recomendó a ser más enfáticos en el saneamiento y reutilización del agua, así como en su aprovechamiento eficiente para el desarrollo.
“Urge mantener las condiciones para preservar y recuperar el ciclo del agua. Y muy importante es, el no olvidar que este recurso nacional debe estar al alcance de todas y todos, justo como la presidente, Claudia Sheinbaum Pardo nos lo ha encomendado”, recalcó.
Subrayó que en dicho foro se escucharía a las y los ciudadanos, así como a los sectores involucrados y saber sus opiniones y propuestas. A la vez buscamos fortalecer el diálogo entre los actores involucrados.
Los objetivos son muy claros, dijo, pues al recibir las ideas, las experiencias, la información y conocimiento, nosotros tenemos el compromiso de tomar mejores decisiones y consolidar la legitimidad de las políticas públicas en procesos democráticos, emanados de la participación.
Por su parte, la diputada federal Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, dijo que las empresas prefieren y optan por pagar multas, que por cumplir con la ley. consideró necesario actualizar la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en México, porque “el agua es un elemento fundamental de la vida, ya que sin ella no existe desarrollo ni progreso, ni justicia social”.
Urgió contar con una nueva ley en donde se aborden temas como la disponibilidad real del agua, la revisión de los 643 acuíferos del país, la infraestructura de las 806 presas existentes, la transmisión de concesiones, la extracción ilegal del recurso y la tipificación de delitos hídricos.
“No es posible que las empresas estén optando por pagar multas en lugar de obedecer la ley, porque les resulta más redituable”, aseveró.
Expresó que la nueva ley debe incluir mecanismos de simplificación de trámites ante la Conagua, mejorar la infraestructura de abastecimiento y saneamiento y garantizar la eficiencia del sector agrícola que consume el 76 % del agua disponible, y en su elaboración debe participar la sociedad civil, los tres órdenes de gobierno, la academia y el sector privado.
Por último, Ernesto Pérez Astorga, secretario de Desarrollo Económico y Portuario del gobierno de Veracruz, consideró urgente contar con una Ley General de Agua que garantice el acceso al recurso y su uso sustentable e indicó que como Senador de la República promovió una reforma en la materia.
Hizo hincapié en que uno de los grandes pendientes fue la de expandir la Ley General de Aguas, donde se adecué el marco normativo a las necesidades de la gente y los requerimientos de la actualidad, ya que la ley vigente en la materia, que dará de 1992, mantiene un enfoque mercantilista y solo ha sufrido diez modificaciones, pero pocas de ellas con una visión de desarrollo sustentable.
La nueva ley, dijo, debe establecer modalidades de consumo, la distribución de competencia entre los tres niveles de gobierno, la regulación de los sistemas comunitarios de agua y la participación ciudadana, al tiempo de señalar que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, busca mitigar el impacto ambiental y adaptarse al cambio climático.
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