Por: Jeremías Trejo González
La carrera por la sucesión del alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, está envuelta en una densa capa de sospechas y acusaciones. En el centro de la polémica se encuentra Tania Pamela Mijares Díaz, quien, bajo el cargo de «gestión en ventilación y graduación de temperatura térmica», busca la candidatura a la sindicatura o incluso la alcaldía. Sin embargo, las acusaciones que pesan sobre ella apuntan a un posible encubrimiento de un desfalco al presupuesto municipal, presuntamente perpetrado por el propio alcalde y los hermanos, conocidos como «los Chesty».
Mijares Díaz se presenta como una representante de la comunidad triqui en Coatzacoalcos, valiéndose de su autoproclamada identidad indígena para construir una imagen pública que contrasta fuertemente con las graves acusaciones en su contra.
Esta estrategia, según denuncian diversas fuentes, le permite instrumentalizar a los grupos originarios, utilizando su causa para proyectar una imagen de lucha social que encubre sus presuntos actos de corrupción.
La presunta participación de Mijares Díaz en el supuesto desfalco no se limita a su silencio cómplice. Se le acusa de utilizar los recursos y el personal a su cargo en la dirección de Participación Ciudadana para impulsar su campaña política. Mediante las redes sociales y grupos de WhatsApp de jefes de manzana, se distribuyen encuestas amañadas con el objetivo de favorecer a los Díaz Mijares, manipulando la opinión pública y generando una falsa percepción de apoyo popular.
Estas acciones no solo representan una falta de ética y una violación de la confianza pública, sino que también constituyen un abuso de poder y un posible delito electoral. El uso de recursos públicos para fines partidistas es una práctica inaceptable que socava la democracia y la transparencia en la administración pública.
La situación exige una investigación exhaustiva e imparcial por parte de las autoridades competentes. Es necesario determinar la veracidad de las acusaciones de desfalco y el grado de participación de Mijares Díaz en este presunto delito. De igual manera, se debe investigar el uso indebido de recursos públicos para fines de campaña, sancionando a los responsables con la máxima severidad.
La ciudadanía de Coatzacoalcos merece una explicación clara y contundente sobre lo sucedido. La opacidad y la manipulación solo profundizan la desconfianza en las instituciones y debilitan el tejido social. Es crucial que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración municipal. La máscara de la «representante indígena» debe caer para que la verdad salga a la luz.
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