Efraín Hernández
Fortín. – La madrugada del viernes, Pablo Ortigoza, un joven de 19 años que estudiaba en la universidad y trabajaba para costear sus estudios, fue asesinado a unos metros de su hogar por elementos de la Policía Municipal de Fortín. Su crimen: ser víctima de una de las tantas «revisiones de rutina» que, bajo la administración del presidente Gerardo Rosales Victoria, se han convertido en un sinónimo de abuso y violencia.
Ortigoza, además de ser estudiante y trabajador, era un apasionado boxeador amateur, integrante del gimnasio de boxeo olímpico Cazadores, donde sus compañeros y entrenadores hoy lloran su pérdida. “Te vamos a extrañar, hermano, y nos vas a hacer un chingo de falta a todos los que te queremos”, expresaron en un mensaje de despedida.
El asesinato de Pablo pone nuevamente en evidencia el actuar arbitrario de la policía municipal, cuyo historial de abusos se ha intensificado bajo la gestión de Rosales Victoria. Organizaciones civiles y ciudadanos han denunciado en reiteradas ocasiones la impunidad con la que operan los elementos de seguridad en Fortín, realizando retenes y revisiones sin protocolos claros, muchas veces con excesivo uso de la fuerza.
Mientras la familia de Pablo enfrenta el dolor de su irreparable pérdida y la comunidad exige justicia, el gobierno municipal guarda silencio. ¿Responderá Gerardo Rosales Victoria por la violencia que su administración ha permitido? ¿O este crimen, como muchos otros, quedará impune bajo su mandato?
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