Por: Isaac Martínez Pérez.
La visita de la gobernadora Rocío Nahle a Coatzacoalcos este lunes 3 de marzo dejó al descubierto una realidad preocupante: la impunidad y la falta de sensibilidad de las autoridades locales ante la injusticia. El caso de Judith Díaz García, una trabajadora del Ayuntamiento con 31 años de antigüedad, es un claro ejemplo de la perversidad de la que se ha acusado al alcalde Amado Cruz Malpica.
Judith, quien ha perdido la visibilidad por un problema de salud, ha sido víctima de la arbitrariedad de dos alcaldes: Víctor Carranza Rosaldo y el actual Amado Cruz. Se le ha retenido su salario, se le ha despedido injustificadamente, y se le ha negado la ayuda que necesita.
Es indignante que, a pesar de su condición, las autoridades locales no solo no le hayan brindado apoyo, sino que, según las denuncias, el alcalde Cruz y el líder sindical Gersain Hidalgo Cruz, se han dedicado a maniobrar en su contra.
La intervención de la gobernadora Nahle, quien ordenó al alcalde resolver el caso de Judith, es un rayo de esperanza. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Por qué la gobernadora tuvo que intervenir para que se hiciera justicia? ¿Por qué el alcalde Cruz no actuó con sensibilidad y responsabilidad ante un caso tan evidente?
El caso de Judith es un reflejo de la falta de sensibilidad y la impunidad que prevalece en Coatzacoalcos. La gobernadora Nahle demostró que sí tiene la voluntad de actuar ante la injusticia, pero es necesario que las autoridades locales asuman su responsabilidad y cumplan con la ley.
Es urgente que se investigue a fondo el caso de Judith y se sancione a los responsables de su situación. La justicia no puede ser selectiva, y todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, merecen un trato digno y justo.
La gobernadora Nahle tiene la palabra, pero la acción debe venir de las autoridades locales. ¿Acaso el caso de Judith será solo una promesa incumplida más en Coatzacoalcos?
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