Por: Isaac Martinez Pérez.
La marcha de más de 300 comerciantes en Minatitlán, Veracruz, es un grito desesperado ante el aumento desproporcionado de los impuestos municipales. Bajo el sol abrasador y con el eco de «¡No más impuestos!», los manifestantes, pertenecientes a Enlace Empresarial, CANACO y otros negocios independientes, dejaron claro su descontento con la administración de la presidenta municipal, Carmen Medel Palma.
La situación es grave. Se denuncia un incremento de más del 100% en los impuestos, un golpe devastador para negocios que ya luchan contra la baja de ventas y el aumento de la delincuencia. El Código Hacendario Municipal, aprobado en administraciones anteriores, parece ser el chivo expiatorio, pero la responsabilidad recae directamente en la actual administración que, según los comerciantes, ha aplicado estos aumentos sin consideración alguna.
El señalamiento directo hacia el Director de Desarrollo Económico, Alejandro Castellanos, como el responsable de estos «cobros excesivos y condicionados», enciende las alarmas. ¿Es Castellanos un mero ejecutor de una política fiscal draconiana, o es el artífice de un sistema que ahoga a los pequeños negocios? La alcaldesa Medel Palma debe responder a esta pregunta. Su silencio, o una respuesta tibia, solo profundizará la crisis.
La reunión con el Director de Gobernación, José Alfredo Carmona Capetillo, aunque un gesto de apertura, no es suficiente. Los comerciantes, con recibos en mano, demostraron la exorbitancia de los cobros por empadronamiento, limpia pública, protección civil y, según el giro, hasta salud pública. No se trata de una simple discrepancia; es una clara muestra de un sistema que, lejos de apoyar a la economía local, la estrangula.
La frase, «terrorismo municipal», pronunciada por los manifestantes, es fuerte, pero refleja la desesperación de quienes ven sus negocios amenazados por una carga fiscal insostenible.
La alcaldesa Medel Palma debe tomar cartas en el asunto. No se trata solo de recaudar fondos; se trata de fomentar el desarrollo económico y la estabilidad social. El diálogo es crucial, pero debe ir acompañado de acciones concretas que reduzcan la carga impositiva y garanticen un ambiente propicio para el comercio en Minatitlán. De lo contrario, la imagen de la alcaldesa quedará irremediablemente manchada por la asfixia económica que imponen sus políticas. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién se beneficia de este aumento desmedido de los impuestos en Minatitlán?
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