Por: Isaac Martínez Pérez
La reciente ola de candidaturas a las alcaldías en Veracruz ha desatado una ola de especulaciones y denuncias que apuntan a un preocupante escenario: el tráfico de influencias y la corrupción. El nombre de Esteban Ramírez Zepeta emerge como el centro de una red de presuntos acuerdos monetarios con aspirantes a puestos de elección popular. La gravedad de las acusaciones es innegable, y exige una investigación exhaustiva e imparcial.
Las denuncias, que provienen de una fuente cercana a la gobernadora, son lo suficientemente contundentes como para no ser ignoradas. Se habla de «compromisos monetarios» de una magnitud tal que Ramírez Zepeta se habría atrevido a exigir, nada menos, que la mitad de las obras públicas de una futura administración municipal a cambio de apoyo político. Esta audacia, esta descarada apropiación de recursos públicos destinados al bienestar de la comunidad, es una afrenta a la democracia y a la ética pública.
Si estas acusaciones son ciertas, estamos ante un caso de corrupción flagrante. No se trata simplemente de un intercambio de favores políticos; se trata de un saqueo sistemático de los recursos públicos, un robo a la ciudadanía. La impunidad con la que se habría actuado sugiere una red de complicidades que se extiende más allá de Ramírez Zepeta. ¿Quiénes son los cómplices? ¿Quiénes se benefician de este esquema corrupto?
La gobernadora Rocío Nahle García tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia. El silencio ante estas acusaciones sería una complicidad inaceptable. Es necesario que se inicie una investigación a fondo, que se identifiquen a todos los involucrados y que se apliquen las sanciones correspondientes, sin importar el nivel político o económico de los implicados.
La ciudadanía exige respuestas. Exige una depuración de la política, una lucha frontal contra la corrupción que está carcomiendo las instituciones y robando el futuro de nuestras comunidades. El silencio no es una opción. La impunidad no puede ser la norma. Es hora de que se haga justicia y de que se restablezca la confianza en un sistema político que se ha visto manchado por la avaricia y la corrupción. El pueblo merece una política limpia, transparente y comprometida con su bienestar, no con el enriquecimiento de unos pocos. La lucha contra la corrupción es una lucha por la democracia.
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