Por: Isaac Martínez Pérez/
Minatitlán, Veracruz – La detención de Daniel, un comerciante local, ha desatado una ola de indignación en la región. Acusado de homicidio culposo tras atropellar y matar a dos presuntos extorsionadores que lo amenazaban, su caso ha puesto en evidencia la compleja realidad de la inseguridad y la falta de justicia en Minatitlán y Coatzacoalcos.
Daniel, según testimonios de vecinos y comerciantes, se encontraba harto de las constantes extorsiones por parte de grupos delictivos. Ante la inacción de las autoridades, él mismo decidió defenderse cuando los presuntos extorsionadores llegaron a cobrar su «cuota».
El incidente, que terminó con la muerte de dos individuos, ha llevado a Daniel a prisión, mientras que su negocio ha sido clausurado. La situación ha generado una profunda indignación entre los habitantes de la zona. Comerciantes y residentes afirman que la delincuencia opera con total impunidad, amparada, según sus denuncias, por la complicidad de altos funcionarios.
Se quejan de la falta de protección por parte de las autoridades y de la ineficacia de las investigaciones en casos similares. “Es una injusticia que a él lo encarcelen, mientras los criminales andan sueltos”, comenta una comerciante que prefirió el anonimato por temor a represalias. “Nos sentimos desprotegidos. Pagamos impuestos, pero no recibimos la seguridad que merecemos. Daniel actuó en defensa propia, y ahora lo castigan”, añade otro residente.
La narrativa generalizada entre los afectados es que se castiga a la víctima y se protege al victimario. El caso de Daniel ha abierto un debate sobre la aplicación de la ley en un contexto de alta inseguridad. Mientras algunos defienden la acción de Daniel como legítima defensa ante una amenaza inminente, otros argumentan que la violencia nunca es la solución.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz deberá determinar si las acciones de Daniel se ajustan a los parámetros de la legítima defensa o si se configura un delito. Sin embargo, la indignación popular va más allá de la culpabilidad o inocencia de Daniel.
Refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones y una sensación de abandono por parte de las autoridades. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué alternativas tienen los ciudadanos cuando el Estado no los protege? La respuesta, por ahora, permanece en el aire, mientras la furia de Minatitlán y Coatzacoalcos sigue ardiendo.
El caso de Daniel se convierte en un símbolo de la lucha diaria contra la inseguridad y la impunidad en una región azotada por la violencia.
Si el estado es incapaz de realizar sus obligaciones, entonces que deje q la ciudadanía le resuelva su chamba, Morena pin-che gobierno mediocre nefasto!