Víctima pide a Rocío Nahle que su gobierno no sea protector de torturadores
Por Marco Antonio Aguirre/Columna
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 020/2025 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz por tortura en contra de Antonio del Río
Argudin.
Ante esto la víctima pidió a la gobernadora Rocío Nahle García que garantice justicia en su caso, porque además permitir la impunidad dará pie para que el delito de tortura se vuelva a cometer en su gobierno. “Confío en que su administración no tolerará la impunidad”, remarcó.
El acuerdo de fecha 24 de marzo y firmado por Elba Elena González Fernández, directora de la CEDH, insta a la SSP a reabrir las investigaciones por este delito, y que las mismas sean tratadas de manera diligente, es decir con rapidez y cuidado, lo cual implica que la SSP no lo ha hecho hasta ahora.
Por lo mismo, el sentido de la recomendación es porque la SSP no ha hecho nada para avanzar en las investigaciones del caso, ni siquiera durante el actual sexenio
El mismo acuerdo le pide a la SSP “coadyuvar” con la Fiscalía del Estado de Veracruz, en la integración de la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/308/2022, la cual se encuentra en trámite en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
El acuerdo también establece que “con base en el acuerdo de cuantificación que emita la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que se pague una compensación”.
Las recomendación además incluye “evitar cualquier acción u omisión que impliqué victimzación secundaria” de Antonio del Río.
Antonio del Río Argudín fue detenido el 10 de febrero de 2021, por una denuncia presentada en 2018 y que se mantuvo estática hasta ese 2021, después de sus actos políticos, pues se postuló como candidato a diputado local por el extinto partido Podemos y después se pronunció a favor de Patricia Lobeira para la alcaldía de Veracruz.
Aún cuando fue evidente que la detención tenia fines políticos, ninguno de los Yunes de El Estero, ni la alcaldesa, hicieron algo en su favor, ni en el momento de la detención, ni después.
Luego de la captura el 10 de febrero de 2021 fue internado en “El Penalito”, donde fue golpeado más de 40 veces con una tabla, lo que le provocó una protusión discal irreversible en la columna vertebral.
El agresor directo fue el entonces director de ese centro de reclusión, Iván Márquez Lucido, quien hoy -aún con el cambio de gobierno- sigue como funcionario de la SSP, por lo cual cual Antonio del Río pide su detención y puesta a disposición ante la justicia.
La detención de Antonio del Río se dio por un supuesto fraude, delito considerado no grave, pero aún así el juez le determinó prisión preventiva oficiosa alegando peligro de fuga, el mismo modus operandi que en los otros casos de detención política.
El delito nunca fue comprobado, por lo que que se determinó su inocencia, pero aún así lo mantuvieron retenido hasta el 6 de junio de 2021, durante casi 4 meses, en otro acto irregular, porque “El Penalito” se supone es un modulo para detenciones por 72 horas, no para largas estadías. Además, en ese tiempo nunca hubo proceso judicial alguno.
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