Por: Isaac Martínez Pérez.
Coatzacoalcos, Ver., 28 de marzo de 2025. José de los Santos Hernández Frías, un hombre de 53 años con una trayectoria laboral de 36 años, se encuentra en una lucha desesperada contra la discriminación laboral y la negligencia de las autoridades. Su caso expone una triste realidad: el despido no es el fin de la discriminación, sino que puede ser el inicio de un calvario de injusticias.
Don José trabajó para Corporación Azul Aceros, S.A. de C.V. y sus diversas razones sociales (Distribuidora Cruz Azul de Valladolid, S.A. de C.V., Distribuidora Cruz Azul del Bajío, S.A. de C.V., etc.) desde mayo de 2019 hasta enero de 2024, desempeñándose como ejecutivo de ventas. Durante este periodo, afirma haber sufrido constantes burlas y humillaciones por parte de su gerente regional, el Lic. Fernando Isaac Reséndiz Chillian, debido a su diabetes, problemas de visión y edad. A pesar de su experiencia y excelentes resultados, su condición de salud se convirtió en un blanco fácil para la discriminación.
La situación empeoró cuando, obligado a trabajar de forma presencial durante la pandemia, contrajo COVID-19. Su posterior operación ocular, que resultó en una grave afectación de su visión, culminó con su despido.
Tras entablar una demanda ante el Juzgado Laboral de Coatzacoalcos, Don José se enfrentó a otro obstáculo: la pérdida de su seguro social. Si bien obtuvo una medida cautelar para recibir atención médica del IMSS, esta ha sido revocada de manera reiterada. El Lic. Tomás Guzmán Dolores, apoderado legal del IMSS, argumenta que Don José está dado de baja, a pesar de las órdenes judiciales y las promesas telefónicas de atención médica. Don José relata cómo se le ha negado la atención médica necesaria, incluso después de una cirugía de hígado y vesícula, sufriendo un mes y quince días de espera por un traslado a otra clínica que nunca se concretó.
La situación se agrava con la actitud del Juez interino, ahora titular, Lic. Manuel Mendoza Rosas, quien, según Don José, se ha mostrado parcial a favor de sus antiguos patrones, desechando pruebas cruciales en la audiencia preliminar del 11 de marzo de 2025. El juez y el representante del IMSS parecen actuar en connivencia, dejando a Don José en una situación vulnerable y desesperada.
Don José se siente profundamente indignado y ha solicitado la intervención del Lic. Zoe Robledo Aburto (Director General del IMSS), la Lic. Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre (Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz), la Gobernadora Rocío Nahle y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Su caso es un claro ejemplo de la impunidad con la que se ejerce la discriminación laboral en México, y la necesidad urgente de una reforma judicial que garantice la justicia para todos, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. El caso de Don José no solo es una tragedia personal, sino una llamada de atención a la sociedad y a las autoridades para que tomen medidas concretas contra la discriminación y la falta de acceso a la justicia.
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