- Diego, persona indígena ñuhú de la Sierra Norte de Veracruz, enfrenta el cierre anticipado de su denuncia por tortura, pese a que existen pruebas sobre lo ocurrido.
Veracruz, 14 de abril de 2025.- Organizaciones de derechos humanos condenamos la inminente decisión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) de cerrar la investigación por tortura cometida a Diego, persona indígena ñuhú de la sierra norte de Veracruz. Esta acción refuerza el patrón de impunidad que prevalece en el estado frente a denuncias graves de violaciones a derechos humanos.
El 29 de mayo de 2023, Diego, hombre otomí, fue testigo del homicidio de una persona. Al día siguiente, fue trasladado por la Fiscalía del Estado para declarar, pero antes fue torturado por policías ministeriales, quienes lo presionaron para incriminar a una persona.
Su testimonio fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ñuhú y sin la posibilidad de dar su versión. Posteriormente, esa declaración fue utilizada para detener a alguien, pese a que Diego ha aclarado que nunca señaló a esa persona como responsable.
Con acompañamiento del Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego denunció formalmente la tortura en junio de 2023. La Fiscalía abrió la carpeta XAL/FIM/FEIDT/219/2023, pero no realizó diligencias durante meses, hasta que un amparo obligó a avanzar. Aún con elementos periciales y su testimonio ratificado, el 25 de marzo de 2025 se notificó el posible cierre del caso, ignorando pruebas relevantes.
Actualmente, el caso es investigado dentro del expediente de queja DAI/0161/2023 por la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, con auxilio para la práctica del protocolo de Estambul de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Este hecho no está aislado. Según datos oficiales del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es el segundo estado del país con más investigaciones por tortura (2,441 entre 2019 y 2024) y el primero en número de víctimas (4,061). Las personas indígenas, como Diego, son uno de los grupos más afectados. La Policía Ministerial es la autoridad más señalada como responsable.
Exigimos a la Fiscalía General del Estado que no cierre la investigación sin agotar todas las diligencias, que respete el derecho de Diego a una investigación con enfoque intercultural, y que cese el uso de declaraciones obtenidas bajo coacción. La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia.
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