Efraín Hernández
Córdoba.— A pocos días de que se cumplan 34 años del incendio en la planta de plaguicidas Anaversa, ocurrido el 3 de mayo de 1991, la memoria de una de las peores catástrofes químicas en la historia del país ha vuelto a encender el reclamo de justicia y reparación. Esta vez, con una propuesta legislativa que pretende no solo conmemorar el hecho, sino también evitar que algo similar vuelva a ocurrir en México.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez presentó una iniciativa para declarar el 3 de mayo como Día Nacional de Prevención de Desastres Químicos, una propuesta que tiene como eje el reconocimiento oficial del siniestro de Anaversa y sus efectos a largo plazo. “Durante décadas se minimizó lo sucedido. No fue un accidente, fue consecuencia de una negligencia estructural y de la falta de regulación en el manejo de sustancias tóxicas”, afirmó la legisladora, acompañada de activistas y sobrevivientes.
El incendio ocurrió a las 13:30 horas, cuando una fuerte explosión liberó una nube de compuestos peligrosos —entre ellos dioxinas y furanos— sobre zonas densamente pobladas de Córdoba. La planta funcionaba sin protocolos adecuados y los cuerpos de emergencia que atendieron la emergencia carecían de equipo especializado. Las secuelas se prolongaron durante años: enfermedades, daños genéticos y una comunidad desprotegida por la ausencia de atención institucional.
Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa A.C., denunció la falta de voluntad política para resolver una crisis sanitaria que aún persiste. “Es inadmisible que después de tantos años no exista un hospital regional ni un centro oncológico, cuando la incidencia de padecimientos vinculados a la exposición química sigue en aumento. No basta con el discurso, exigimos acciones concretas”, manifestó.
Además del decreto conmemorativo, la senadora Castillo propuso reabrir la queja 99/1991 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cerrada en 1999 sin que se hubieran cumplido sus recomendaciones. “La población jamás tuvo acceso a los resultados de los análisis realizados en el extranjero. La opacidad ha sido parte del daño. Hoy exigimos que el Estado asuma su responsabilidad y repare lo que durante décadas ignoró”, concluyó Huerta.
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