Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- La iniciativa que permitiría a personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de otros organismos federales portar armas de fuego ha generado un intenso debate sobre sus alcances, riesgos y justificación.
Ramón Ortega Díaz, integrante de la Asociación Nacional de Fiscalistas, se trata de una propuesta polémica pero que, en ciertos contextos, podría estar justificada.
Afirmó que existen casos documentados a nivel nacional donde trabajadores del SAT han enfrentado situaciones de riesgo al desempeñar sus funciones en zonas con presencia de delincuencia organizada, lo que ha derivado en agresiones, amenazas e incluso desapariciones.
“En algunos créditos fiscales hay que ir a zonas muy peligrosas y eso requiere precaución. Hay diligencias muy complicadas, lugares con alto riesgo, donde se han reportado amenazas, agresiones y hasta desapariciones”, advirtió.
Aunque la propuesta aún se encuentra en revisión en el Senado, Ortega Díaz subrayó que su implementación no debe confundirse con el uso indiscriminado de armas por parte de funcionarios fiscales.
“No es que la autoridad vaya a llegar con una notificación y apuntando con un arma. La iniciativa contempla ciertos escenarios, situaciones que realmente lo ameriten. Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno a los posibles abusos. Eso es lo que se debe regular con mucha precisión. No se trata de amedrentar, sino de proteger al personal cuando verdaderamente sea necesario”, explicó.
El fiscalista reconoció que el tema ha sido debatido ampliamente dentro de la Asociación Nacional de Fiscalistas, donde, a pesar de las reservas, hay consenso en que en determinados casos extremos puede ser una medida necesaria.
“Lamentablemente, sí hemos coincidido en que, en algunos casos extremos, la portación de armas podría ser necesaria para salvaguardar la integridad del personal. Es como tener una ley de desaparecidos: no debería existir, pero es necesaria porque es una realidad que sucede hoy en día”, expresó.
Ortega Díaz detalló que la iniciativa también considera aspectos técnicos relacionados con el tipo de armamento, su mantenimiento y la capacitación que requeriría el personal autorizado.
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