CDMX.- En el delito de huachicol fiscal participan los encargados de las aduanas, la marina mercante y las áreas de comercio exterior en colusión con empresas trasnacionales de mucho dinero, gran prestigio y de las que, por prudencia y para no generar un caos en el mercado, no se revelan los nombres porque se vendrían abajo sus acciones, explicó Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a David Aponte y Maite Azuela, en el programa Con los de Casa de EL UNIVERSAL.
La dependencia no ha difundido el nombre de las empresas que evaden el pago de impuestos para evitar que enfrenten una caída de sus acciones, dijo la funcionaria.
“Hay empresas trasnacionales para traer un buquetanque, no es Juan Pérez, son empresas de mucho dinero y de alto prestigio que también parte del problema, si se hace público se le vienen abajo todas las acciones. Entonces, nosotros tratamos de ser prudentes, porque no tratamos de generar un caos en el mercado, pero sí queremos que se haga justicia”, expresó.
Sobre el contrabando de combustibles, aseguró que las empresas trasnacionales que participan causan una pérdida de alrededor de mil millones de pesos con cada desembarque que realizan.
“El huachicol fiscal, en lugar de decir, son gasolina o diesel que tienen que pagar IEPS, lo reportan como aceite vegetal o lubricantes, como cualquier otro producto que no tiene IEPS, y entonces ahí cada desembarque, son como mil millones de pesos de no pago de impuestos”, expuso.
EL UNIVERSAL publicó que de acuerdo con cálculos de las secretarías de Energía, Economía y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), si se frena el huachicol fiscal asegurando el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las importaciones de gasolinas y diesel, el fisco obtendría ingresos adicionales superiores a 100 mil millones de pesos anuales.
Buenrostro Sánchez explicó que cuando se desempeñó como titular del SAT realizó diversas denuncias por contrabando de combustible ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial de Responsabilidades de Servidores Públicos; sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento.
Todos esos temas, que nosotros metimos cuando estábamos en el SAT, de denuncias de contrabando, todas están ahorita en la fiscalía, por un lado, en la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, pero también hay otra parte en la Fiscalía Especial de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque los funcionarios con delitos penales van a esa fiscalía. Entonces, en ambas tenemos procedimientos, por ejemplo, de aquí ya se turnaron, ya están en la fiscalía y no han avanzado”, subrayó.
Detalló que en lo que va de la actual administración y como secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, aún no tienen denuncias nuevas por huachicol fiscal: “En lo que nosotros tenemos ahorita, estos seis meses que tenemos ya en esta administración, al día de hoy no tenemos nosotros en inventario todavía denuncias nuevas”, comentó.
También precisó que el sobreprecio detectado en la compra consolidada de medicamentos aumentó a casi 15 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones de pesos más que los denunciados en un principio, cuando se canceló la licitación de 175 claves de fármacos.
“El subsecretario de salud, [Eduardo] Clark, estimó alrededor de 13 mil millones de pesos en un principio, de sobreprecio, nosotros traemos un poquito más en nuestros cálculos. Ahí, si mal no recuerdo, son casi 15 mil millones de pesos, son 2 mil millones de pesos más”, refirió.
Añadió que también encontraron 18 empresas que vendieron medicamentos sin contar con licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual calificó como un tema grave: “Hubo fallos a empresas que no contaban con registro sanitario, eso es lo más grave del asunto”, afirmó.
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