Por Efraín Hernández/
Orizaba, Ver.— Con el cinismo que lo caracteriza, el exalcalde de Orizaba y actual candidato de Morena-PVEM, Igor Fidel Rojí López, pretende regresar al poder mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunta apropiación ilegal de un inmueble, en complicidad con otros exfuncionarios municipales.
El expediente fue interpuesto por familiares del finado Ángel Pascual Bautista Bello, quienes acusan que el predio ubicado en Poniente 24, colonia Santa María Tlachichilco, fue arrebatado de forma indebida mediante una red de abusos, tráfico de influencias y complicidades institucionales.
Entre los señalados junto al exedil figuran Iván Emmanuel Díz Pérez, Esthefani Campos Flores, Antonia Muñoz Aguilar, Mario Arturo Guzmán García, Carlos José Díaz Corrales y Arturo Jiménez Romero.
El caso ha destapado lo que muchos en Orizaba ya comentaban en voz baja: la existencia de un “Cártel Inmobiliario” operado desde las entrañas del palacio municipal durante el gobierno de Rojí López. Una estructura que habría servido para despojar a ciudadanos de sus propiedades bajo el amparo de documentos y procesos manipulados.
Mientras las autoridades investigan, el silencio del abanderado guinda-verde solo confirma lo que su historial ya sugiere: que su paso por el Ayuntamiento no solo dejó obras inconclusas y deudas públicas, sino también un notable enriquecimiento personal.
El bar de su propiedad, símbolo de su vida de lujos, contrasta con la realidad de las víctimas que hoy claman justicia y la restitución de su patrimonio. Lejos de representar un cambio, su candidatura revive las peores prácticas del pasado. Con el disfraz de la “transformación”, busca impunidad y poder. Pero las denuncias, el repudio ciudadano y la memoria de los agravios que dejó en su gestión podrían sellar el destino de un personaje que ha lucrado con el cargo público desde hace años.
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