Por: Isaac Martínez Pérez.
La muerte de Carlos Amador, «El Pollo», no es solo una tragedia; es una mancha más en el expediente de la impunidad que parece reinar en Coatzacoalcos. Un comerciante, quien también era conocido como «La Atarraya», un hombre que trabajaba honestamente para llevar el sustento a su familia, fue brutalmente asesinado por la presunta irresponsabilidad y ebriedad de un elemento de la Secretaría de Marina. Arrollado, prensado contra su propia camioneta, desangrado en la calle… la imagen es tan brutal como la indiferencia que este tipo de sucesos suele generar.
La escena: la avenida Hilario Rodríguez Malpica, en pleno centro, frente al mercado «La Fayuca». Un lugar concurrido, testigo mudo de un crimen que, según los testigos, fue cometido a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Un Nissan Sentra blanco, placas de Chiapas, conducido por un presunto marino, se convierte en un arma mortal, arrebatando la vida de «El Pollo» y dejando una estela de horror e indignación.
La descripción del accidente es escalofriante: la amputación de ambas piernas, los gritos de auxilio, la agonía… Detalles que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la brutalidad con la que a veces se nos arrebata. Pero más allá del dolor de la pérdida, hay una profunda sensación de impotencia. ¿Cuántas veces más tendremos que presenciar estos hechos antes de que se tomen medidas drásticas para evitarlos?
La detención del presunto responsable es un primer paso, pero insuficiente. La justicia no se limita a la detención; implica una investigación exhaustiva, transparente y sin contemplaciones. Se debe esclarecer si el presunto marino actuó bajo el amparo de la impunidad que a veces rodea a las fuerzas armadas. ¿Se investigará a fondo la cadena de mando? ¿Se aplicará la ley con la misma firmeza que se aplicaría a cualquier ciudadano común? Las respuestas a estas preguntas determinarán si la justicia prevalece o si este caso se suma a la larga lista de tragedias olvidadas.
La muerte de «El Pollo» no puede quedar impune. Su familia, la comunidad de Coatzacoalcos y toda la sociedad exigen justicia. Exigen que se investigue a fondo este crimen, que se castigue al responsable con todo el peso de la ley y que se tomen medidas para prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La impunidad, vestida de uniforme o no, debe ser combatida con firmeza y sin concesiones. El silencio ante la injusticia es complicidad. Es hora de exigir un cambio.
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