El pasado 20 de enero, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14156, declarando una «emergencia energética nacional» cuya intención sería la de acelerar el desarrollo de combustibles fósiles y desmantelar las regulaciones ambientales. No obstante, esta medida en la práctica no ha logrado conseguir dichos objetivos, sino que, por el contrario, está generando un creciente rechazo. Esta creciente oposición motivó a que quince fiscales generales demócratas presentarán el 9 de mayo una demanda en la Corte Federal de Seattle para bloquear esta orden, argumentando que es ilegal y amenaza recursos naturales.
Contexto de la Orden de Emergencia Energética
La declaración de emergencia energética de Trump se basa en la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) de 1976, que otorga al presidente poderes especiales en situaciones de crisis. La orden, emitida el primer día de su segundo mandato, sostiene que la infraestructura energética de Estados Unidos es «inadecuada» para satisfacer las necesidades nacionales, citando altos precios energéticos y la creciente demanda de electricidad por tecnologías como la inteligencia artificial. Según el Departamento de Energía, el consumo de centros de datos podría triplicarse en tres años, representando el 12% del uso eléctrico del país.
Trump argumenta que estas presiones justifican acelerar los permisos para proyectos petroleros, gasíferos y mineros, reduciendo los procesos regulatorios de años a 28 días. La orden también revierte políticas climáticas críticas, como la protección de tierras árticas, incentivos para vehículos eléctricos y el Acuerdo de París. Además, excluye energías renovables como la eólica y solar de su definición de «energía», lo que ha generado críticas por su enfoque exclusivo en combustibles fósiles. Sin embargo, los precios del crudo WTI, influenciados en parte por el comportamiento del dólar en los mercados de divisas (forex), han registrado una caída promedio del 20 % en los últimos meses. Este descenso, visible incluso en plataformas de trading que ofrecen CFDs de forex, pone en duda la urgencia de declarar una emergencia energética. Cabe señalar que este tipo de plataformas, aunque accesibles para el público, implican riesgos financieros significativos que requieren un entendimiento adecuado por parte de los usuarios.
Detalles de la demanda de los fiscales demócratas
La demanda, presentada en la Corte Federal del Distrito Oeste de Washington, involucra a quince estados: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. Liderada por los fiscales generales Nick Brown (Washington), Rob Bonta (California) y Letitia James (Nueva York), acusa a Trump de abusar de la NEA para beneficiar a la industria fósil. Los demandados incluyen al presidente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica (ACHP). Los fiscales argumentan que la orden elude las revisiones de la Ley de Agua Limpia, la Ley de Especies en Peligro y la Ley de Preservación Histórica Nacional, poniendo en riesgo el agua potable, la vida silvestre y sitios culturales. Sostienen que no existe una crisis energética, ya que la producción de petróleo y gas está en niveles óptimos y los precios del crudo han caído un 50% desde 2022. La demanda busca declarar la orden ilegal y prohibir a las agencias federales emitir permisos de emergencia.
Argumentos Legales y vulnerabilidades
El argumento central es que la declaración de emergencia no cumple con la NEA, que no define «emergencia nacional» pero implica un evento inesperado que requiere acción inmediata, según Elizabeth Goitein del Brennan Center. Los fiscales alegan que la supuesta crisis es especulativa, basada en demandas futuras, no en una escasez actual. También argumentan que la orden viola la Ley de Procedimiento Administrativo al eludir consultas públicas. Por su parte, la universidad de Columbia ha indicado que esta orden ejecutiva inventa una crisis y una sensación de urgencia para justificar dar más poder al ejecutivo. Con ello, la administración Trump comenzará a desmantelar agencias gubernamentales claves que ejercen un equilibrio sobre el poder ejecutivo.
Entre tanto, la orden es vulnerable en los tribunales porque declarar una emergencia energética en tiempos de paz es raro, según Sam Sankar de Earthjustice. La exclusión de renovables, cuando el Departamento de Energía estima que podrían satisfacer 100 veces la demanda anual, debilita su justificación. Además, la implementación por el Cuerpo de Ingenieros y el ACHP podría considerarse arbitraria, violando normas administrativas. Sin embargo, Tyson Slocum de Public Citizen advierte que los tribunales suelen deferir a reclamos de seguridad nacional, lo que podría complicar el caso.
Implicaciones de la demanda
Un fallo favorable a los fiscales frenaría la desregulación de Trump, preservando leyes ambientales y limitando permisos rápidos para proyectos fósiles. Esto protegería los objetivos climáticos de estados como California, que ha invertido millones en renovables, según el gobernador Gavin Newsom. Sin embargo, un fallo a favor de Trump podría ampliar los poderes presidenciales, permitiendo eludir regulaciones. A nivel global, la Agencia Internacional de Energía advierte que priorizar combustibles fósiles retrasaría la transición energética, aumentando los costos climáticos. En Estados Unidos, la demanda podría inspirar más litigios de grupos ambientalistas, como por ejemplo, Oil Change International, quienes planean desafiar la orden de Trump con acciones específicas. La pausa arancelaria de 90 días, anunciada el 9 de abril, ofrece un respiro temporal, pero el resultado judicial será crucial para el futuro energético.
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