COPARMEX Orizaba exige acciones concretas para garantizar seguridad en elecciones

"Definitivamente no es creíble. Es lamentable que haya pérdidas humanas, como la de la reportera, en hechos que no deberían ocurrir"; dijo el empresario.

Manuela V. Carmona

Orizaba, Ver.- Ante el reciente ataque contra una candidata y el asesinato de una periodista en Veracruz, el tercer atentado contra aspirantes políticos en el estado durante este proceso electoral, Enrique Guillomén Maldonado, delegado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Orizaba, calificó la situación como «terrible» e «inaudita», exigiendo mayor acción de las autoridades para frenar la violencia electoral.

En entrevista, Guillomén Maldonado rechazó las declaraciones de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, quien días antes aseguró que en Veracruz «todo estaba tranquilo y controlado» para las campañas. «Definitivamente no es creíble. Es lamentable que haya pérdidas humanas, como la de la reportera, en hechos que no deberían ocurrir», afirmó.

El líder empresarial señaló que la inseguridad no es exclusiva de Veracruz, sino un problema nacional que afecta a candidatos, periodistas y ciudadanos. «Morena debe ser más cuidadosa con sus palabras y reconocer la realidad. Vivimos en riesgo y urge que las autoridades actúen», declaró.

De igual forma criticó la debilidad de las policías municipales y demandó su fortalecimiento: «Cada municipio debe tener independencia y capacidad para garantizar la seguridad, pero hoy eso no ocurre».

Guillomén Maldonado confirmó que alrededor de 30 integrantes de COPARMEX participarán como observadores electorales el 2 de junio para vigilar el proceso. Sin embargo, admitió que existe preocupación por la seguridad de los voluntarios. «Pedimos a las autoridades que nos brinden protección, al igual que a periodistas y votantes. Todos merecemos ejercer nuestros derechos sin miedo«, expresó.

Sobre la posibilidad de un operativo especial el día de las elecciones, el delegado afirmó que, aunque desconoce los protocolos, el gobierno estatal debe tomar «todas las acciones necesarias», especialmente en municipios con focos rojos. «El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones seguras. No podemos normalizar la violencia en procesos democráticos», concluyó.

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