Por Sayda Morales Bustamante
Carlos Augusto Hernández Silva, exdirector de Seguimiento Patrimonial del Congreso del Estado de Oaxaca durante la LXV Legislatura y presunto operador político de Morena, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto General Guadalupe Victoria de Durango, luego de que le fuera asegurada una suma de 3 millones 496 mil pesos en efectivo, que transportaba en su equipaje a bordo de un vuelo privado procedente de Guadalajara.
Durante la inspección de rutina, los elementos encontraron mil 792 billetes de 500 pesos y 2 mil 600 de mil pesos, sin documentación que justificara el origen lícito del dinero.
Tras el hallazgo, tanto el efectivo como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde será el Ministerio Público Federal quien determine la situación jurídica de Hernández Silva.
Carlos Augusto Hernández Silva es originario de Ejutla de Crespo, Oaxaca, e hijo del extinto diputado local Francisco Hernández Sánchez, conocido como “Pachico”.
También ha sido colaborador cercano de Adolfo Toledo Infanzón, exsenador, y de Igmar Medina Matus, exalcalde del Gobierno de Oaxaca, ambos con fuerte influencia en estructuras políticas locales.
Su paso como funcionario del Congreso del Estado, donde se acompaña como director de Seguimiento Patrimonial, lo posicionó en el círculo administrativo y operativo del poder legislativo oaxaqueño, y ahora su nombre vuelve a aparecer —esta vez en el radar judicial— por presunto financiamiento ilícito y operaciones fuera del marco legal.
Fuentes políticas revelaron que el detenido estaría operando en la campaña de José Ramón Enríquez, candidato de Morena–PT–PVEM a la presidencia municipal de Durango, lo que refuerza las sospechas de un presunto intento de inyección ilegal de recursos a procesos electorales.
La combinación de factores —vuelo privado, efectivo sin respaldo fiscal, operador político con carga pública reciente y vínculos con campañas— ha encendido las alertas de la ciudadanía, la prensa y los organismos de observación electoral.
Organizaciones civiles exigen que el caso sea investigado no solo como un posible delito financiero, sino como una pieza dentro de un esquema más amplio de uso de dinero opaco en procesos electorales. Mientras tanto, el silencio del partido y de los actores involucrados se vuelve cada vez más incómodo. Porque el dinero habla. Y en este caso, grita.
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