Por: Isaac Martínez Pérez./Columna
El reciente proceso electoral en Coatzacoalcos ha dejado un gusto amargo, un sabor a impunidad que se cierne sobre la ciudad.
La posible llegada de Pedro Miguel Rosaldo a la presidencia municipal no solo representa un cambio de administración, sino una preocupante señal de cómo la política, en su afán de preservar el poder, puede silenciar las voces que claman por justicia.
La sombra de la corrupción del anterior ayuntamiento, encabezado por Amado Cruz Malpica, se extiende como una mancha oscura sobre la gestión entrante. Las denuncias de la síndica morenista Ana Bertha Hernández, que expusieron una red de irregularidades financieras y actos de corrupción, parecen destinadas a quedar en el olvido.
No se trata de una simple discrepancia política; se trata de un posible encubrimiento sistemático, un pacto de silencio que protege a los poderosos a costa de la transparencia y el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué mensaje se envía a la población cuando se permite que la corrupción prospere impunemente? ¿Qué incentivos se crean para la buena gobernanza cuando la rendición de cuentas se convierte en una mera formalidad? La respuesta es clara: se consolida una cultura de impunidad que erosiona la confianza en las instituciones y alimenta el ciclo vicioso de la corrupción.
La llegada de Rosaldo, bajo estas circunstancias, no solo genera dudas sobre su capacidad para gobernar con transparencia, sino que también pone en entredicho la credibilidad del partido en el poder. La falta de voluntad para investigar a fondo las denuncias de corrupción y sancionar a los responsables no solo es una traición a la confianza depositada por los ciudadanos, sino una negación de la justicia.
Coatzacoalcos merece una administración que priorice la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La impunidad no es una opción. Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo las denuncias presentadas y que se tomen las medidas necesarias para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
El silencio cómplice solo perpetúa la corrupción y condena a Coatzacoalcos a un futuro incierto. El pueblo de Coatzacoalcos exige respuestas, exige justicia, exige transparencia.
El tiempo de la impunidad debe terminar.
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