-Cuando la campaña se paga con horas laborales
Isaac Martínez Pérez
La reciente denuncia sobre el uso de funcionarias del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para apoyar la campaña del candidato de Morena, Pedro Miguel Rosaldo, revela una preocupante realidad: la línea borrosa entre el servicio público y la promoción política. El video difundido, que muestra a Carolina Vinay Carrillo y otras trabajadoras de Comunicación Social, cubriendo eventos de campaña en horario laboral, es una flagrante violación a la ley electoral y una muestra de la utilización indebida de recursos públicos.
La justificación de un supuesto «permiso» otorgado bajo presión de los partidos políticos no es más que un intento desesperado por encubrir una práctica ilegal y éticamente reprochable. El hecho de que estas funcionarias utilicen equipo del ayuntamiento para realizar labores de campaña agrava aún más la situación, evidenciando un descarado abuso de poder y un desprecio por los principios de imparcialidad que deben regir la administración pública.
La directora departamental, Maythe Morales Ramos, también debe ser objeto de investigación. Su responsabilidad en la asignación de estas funcionarias a tareas de campaña, en horario laboral, es innegable. La presunta motivación de asegurar su permanencia en la próxima administración solo refuerza la idea de un sistema donde el favoritismo y el clientelismo prevalecen sobre la meritocracia y el cumplimiento de la ley.
Este caso no se limita a la violación de la ley electoral. Representa una profunda falta de respeto hacia los ciudadanos, quienes financian con sus impuestos el funcionamiento del ayuntamiento. El dispendio electoral de Rosaldo, que incluye el uso de programas sociales, recursos gubernamentales y ahora, el tiempo de trabajo de funcionarias, es una muestra clara de la falta de transparencia y de la manipulación de los recursos públicos para fines partidistas.
La inhabilitación de las funcionarias involucradas, así como una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad de la directora departamental y del propio candidato, son medidas necesarias para sancionar este acto de corrupción y para prevenir que se repita en el futuro. La impunidad solo fomenta la repetición de estas prácticas, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y perpetuando un sistema político plagado de abusos. La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas; la justicia debe actuar en consecuencia.
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