Periodistas de Michoacán protestan por aprobación de MORENA de Ley Censura

La adición limita la protección al ámbito noticioso tradicional, sin considerar que el derecho a la libertad de expresión.

MORELIA, Mich., (apro).- El Congreso del estado aprobó en su sesión de este miércoles, por mayoría de votos, las reformas al Código Penal para tipificar la apología del delito, sin atender los reclamos de periodistas que protestaron en el salón del pleno por considerar que la nueva disposición legal constituye “una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la organización ciudadana y la participación política”.

Los comunicadores inconformes, integrantes del colectivo Ni Uno Más Michoacán, rechazaron de manera categórica el dictamen, con la exigencia de su retiro del orden del día y la convocatoria a una consulta pública mediante la figura de parlamento abierto, como se comprometieron los líderes de algunas fracciones parlamentarias, pero al final no cumplieron.

ediante un pronunciamiento emitido después de la sesión, el colectivo de periodistas anunció que “frente a este retroceso” emprenderá acciones legales para impugnar esta reforma por su incompatibilidad con el principio de legalidad penal, con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y con los valores constitucionales que sostienen una sociedad democrática.

La organización se pronunció igualmente por un Estado que garantiza la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni penalizar la palabra, dado que “la libertad de expresión no es concesión del poder: es un derecho y lo defendemos con toda la fuerza de nuestra palabra”.

Ni Uno Más Michoacán advirtió que la incorporación de la fracción IX al artículo 24, junto con la adición del artículo 163 quinquies y el nuevo Capítulo VII, bajo el título de “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, configuran “un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político”.

Consideró riesgoso ubicar como culpables del delito a quienes “expresan ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”, pues esos señalamientos carecen de un marco interpretativo objetivo y acotado.

“La redacción introduce términos vagos: ‘ideas’, ‘argumentos’, ‘cualquier medio’, ‘alusión’, ‘promoción’, que dejan al arbitraje de ministerios públicos y jueces la interpretación subjetiva de cuándo una expresión constituye una conducta delictiva”, dijo, tras señalar que “este tipo de lenguaje permite criminalizar el contenido discursivo sin atender al contexto, la intención comunicativa ni la finalidad social del mensaje, violentando así el principio de claridad normativa penal, piedra angular del Estado de Derecho”.

Aunque de última hora la Legislatura, con mayoría de Morena y sus aliados, añadió al dictamen una excepción de responsabilidad a quienes informan “en ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”, artículo 163, la agrupación calificó esa redacción como “ambigua, insuficiente y tramposa”.

Lo anterior porque la adición limita la protección al ámbito noticioso tradicional, sin considerar que el derecho a la libertad de expresión, reconocido en tratados internacionales vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se reduce al derecho a la información ni al ejercicio profesional del periodismo, sino que incluye a artistas, investigadores, activistas, creadores de contenido, académicos y cualquier ciudadano que difunde ideas en el espacio público.

Así también, la excepción subordinada a la protección al “derecho a la información”, excluyendo de facto otras formas legítimas de expresión no informativa, como el arte, la sátira, la denuncia, la memoria, la protesta, que resultan igualmente esenciales para la vida democrática.

Además, el procedimiento legislativo mediante el que fue aprobada la reforma fue opaco y apresurado: no hubo convocatoria pública a sesiones de la Comisión de Justicia, no se abrió un parlamento abierto ni se escucharon voces expertas, a pesar de que los coordinadores parlamentarios se habían comprometido públicamente a ello.

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